La escasez y la mala calidad de servicios públicos fundamentales como los de educación, infraestructura, salud y seguridad ciudadana son algunas de las barreras fundamentales para mejorar la productividad e incrementar el crecimiento económico de nuestro país. Aunque el proceso electoral actual carece de programas y propuestas, estos temas estarán entre las prioridades del que resulte ganador en las próximas elecciones.
Sin embargo, si bien hay coincidencia en las prioridades, hay poca claridad respecto a cómo encarar y llevar adelante un programa de reformas que permita mejorar el desempeño del Estado en la prestación de estos servicios a los ciudadanos.
El enfoque usual apunta a la necesidad de incrementar los recursos para el Estado a través de una reforma tributaria de tal manera a incrementar los presupuestos de los Ministerios de Educación, de Salud y de la Policía Nacional. El argumento es que la presión tributaria es baja.
Debemos aprender de la experiencia.
En el 2004 se aprobó una reforma tributaria, la Ley 2421 de adecuación fiscal, con un amplio consenso; con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales a través de una mayor formalización de la economía, la generalización de los impuestos y la reducción de la tasa del impuesto a la renta empresarial. Como resultado, la recaudación tributaria se incrementó significativamente. Los ingresos tributarios totalizaban USD 570 millones en el 2003, previo a la reforma tributaria y alcanzaron un total de USD 3.870 millones en el 2017, siete veces más. Además se incrementaron los ingresos por los royalties y compensaciones que provienen de Itaipú y Yacyretá que pasaron de USD 270 millones en el 2003 a USD 610 millones en el 2017.
El problema está en que estos recursos adicionales fueron a alimentar un sistema ineficiente de administración de los mismos.
Por ejemplo, el gasto salarial total de la administración central ascendía a USD 423 millones en el 2003 y en el 2017 el mismo alcanzó la suma de USD 2.500 millones, seis veces más. Asimismo, las transferencias en términos de jubilaciones, pensiones y a gobernaciones y municipios pasaron de aproximadamente USD 240 millones en el 2003 a cerca de USD 1.000 millones en el 2017.
Por lo tanto, se incrementaron sustancialmente los recursos del Estado entre el 2003 y el 2017 como resultado de la reforma tributaria y del crecimiento económico, pero los recursos adicionales fueron mal gestionados y terminaron en mayor gasto salarial en la administración central, en las gobernaciones y en las universidades nacionales, pero sin una mejora en los servicios para la ciudadanía. Hoy tenemos un Estado ineficiente, más caro y con servicios de mala calidad.
Es necesario un programa serio de reformas de los servicios de educación, de salud y de seguridad ciudadana, técnicamente bien diseñado y con un plan de implementación claro de mediano y largo plazo, con los resultados esperados y los costos estimados para mejorar la calidad e incrementar la disponibilidad de estos servicios públicos para la ciudadanía para posteriormente discutir las mejores maneras de recaudar los recursos adicionales necesarios. Estas reformas tienen que iniciarse en los ministerios e instituciones responsables quienes deben mejorar su eficiencia en la asignación de los recursos y en la prestación de los servicios.
Los costos adicionales finalmente son pagados por la ciudadanía y un Gobierno responsable debe minimizar y distribuir equitativamente los costos de los servicios públicos entre sus ciudadanos.
Por ello, la estrategia para incrementar los ingresos fiscales debe basarse primero en un plan de reducción de la evasión y la informalidad tributaria. Las estimaciones indican que persisten aún niveles de informalidad superiores al 40% del PIB. Por último, se pueden realizar ajustes en el sistema tributario que además de incrementar la recaudación mejore su equidad.
No repitamos los errores del pasado.