Opinión

Reforma del sistema previsional

 

Nuestro país necesita diseñar un sistema de jubilaciones equitativo, de cobertura universal, financieramente sostenible y que facilite la movilidad de los trabajadores. Una reforma como esta, incrementará el ahorro nacional y el ritmo de desarrollo económico, así como la seguridad económica de los ciudadanos en su edad de retiro.

Considerando la experiencia internacional y las condiciones iniciales en nuestro país, el régimen de jubilaciones más aplicable es una combinación de un sistema básico obligatorio de beneficios definidos para trabajadores dependientes e independientes y un sistema complementario y voluntario de capitalización individual para aquellos que deseen ahorrar más para mejorar su jubilación.

Un sistema básico de jubilaciones de beneficios definidos puede ser financieramente sostenible si vincula de manera directa la jubilación a los aportes realizados durante toda la vida laboral. Con parámetros poblacionales y macroeconómicos razonables, es posible garantizar una jubilación equivalente al 100% del promedio de todas las remuneraciones base de aportes actualizados por inflación, con 35 años de aporte a una tasa del 15,5% y una edad mínima de jubilación de 65 años. Quien aporte más años o se jubile más tarde, puede incrementar su jubilación en 2,7% por año adicional. Si no completa los años de aporte o quiere jubilarse extraordinariamente a partir de los 60 años de edad debe reducirse la jubilación en 2,7% por año que falte en los aportes o en la edad mínima. Adicionalmente, debe establecerse una jubilación mínima del 60% del salario mínimo y una máxima de 10 salarios mínimos. La base mínima de aportes sería el salario mínimo y, para evitar un efecto impuesto que incentive la evasión, se debe limitar también la base de aportes a 10 salarios mínimos.

La otra pata del régimen es la actual pensión básica para adultos mayores que otorga una pensión del 25% del salario mínimo a personas con 65 años de edad que estén en situación de pobreza y excluidos del sistema. Este pilar solidario es financiado con impuestos y hoy alcanza a 200.000 beneficiarios. Por sus características, es mejor que continúe bajo la administración del Ministerio de Hacienda.

La tercera pata surge de la necesidad de dar opciones a aquellas personas que quieran ahorrar más para mejorar sus ingresos de jubilación el cual debe ser en un régimen de capitalización individual administrado en competencia por entidades bancarias, financieras, cooperativas y de seguros y de adquisición voluntaria para las personas. Para incentivar este mecanismo de ahorro es fundamental su deducibilidad del impuesto a la renta hasta un cierto porcentaje de los ingresos gravados.

Dada su complejidad, es necesario encarar esta reforma como una política de Estado y avanzar por etapas.

Primero, establecer una regulación uniforme sobre la cartera de inversiones de los distintos Fondos de Jubilaciones y crear la Superintendencia de Jubilaciones para controlar su aplicación.

Segundo, consolidar las distintas cajas de jubilaciones de funcionarios públicos con la creación por ley de una administradora del Fondo de Jubilaciones de Funcionarios del Estado con base en la actual Dirección de Jubilaciones Contributivas del Ministerio de Hacienda, como entidad pública autónoma y autárquica.

Y, tercero, consolidar al Instituto de Previsión Social (IPS) como la única entidad administradora del Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores, dependientes e independientes del sector privado. Esto requiere que el IPS quede únicamente con la responsabilidad de la administración del sistema de jubilaciones y transferir la administración del seguro de salud a otra entidad creada para el efecto. Para ello es necesario modificar la carta orgánica del IPS e incorporar las reglas y los parámetros del sistema universal de jubilaciones descripto previamente.

Este proceso puede llevar entre 5 y 10 años para su implementación completa, pero es fundamental para la estabilidad de las finanzas públicas en las próximas décadas, así como para garantizar un sistema de jubilaciones equitativo y financieramente sostenible para todos los paraguayos.

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