Las nuevas estadísticas reveladas resultan alarmantes. En los últimos dos años se cuadruplicaron las consultas por sospechas de abuso sexual en niños y niñas menores de diez años de edad, según datos de la Dirección General de Información Estratégica en Salud (Digies) del Ministerio de Salud Pública.
En los dos años anteriores, 2016 y 2017, un total de 432 niños y niñas acudieron a los servicios de salud por síndrome de maltrato.
En el 2016 se atendieron 84 casos de violencia sexual en niños y niñas, 8 de ellos fueron varones.
En el 2017, los casos se incrementaron a 95. De este número, fueron abusados 29 varones, 14 de ellos no llegaban a los 10 años de edad. Hubo 26 casos de abusos de niñas, de los cuales 28 involucraban a menores de entre 10 y 14 años.
En cuanto a maltrato físico, 5 a 30 fue el incremento de casos entre 2015 y 2016, época en que 7 niños recibieron abuso físico. En el 2017 se registraron 32 casos de maltrato y 11 fueron las víctimas registradas, 6 de ellas eran menores de 10 años de edad.
También se registraron varios casos de abuso sicológico: 18 en varones y 27 en niñas durante 2016. Mientras, en 2017 hubo 27 casos de niños varones víctimas de abuso sicológico y 8 de niñas.
Los especialistas difieren en si aumentó el número de casos de abusos o si solamente aparecen más casos porque existe mayor conciencia en la población para hacer las denuncias. Varios profesionales presumen que antes existían también muchos casos, pero estos no eran denunciados por vergüenza, pudor, temor o falta de conciencia acerca de los derechos.
De igual manera, la cantidad de casos revelados por las propias estadísticas oficiales resulta elevada y genera alarma. Se estima que existen más casos que no son denunciados.
Del mismo modo, también causa preocupación que muchos casos no sean debidamente investigados por la Justicia o que, cuando llegan a instancias de juzgamiento, se apliquen penas muy leves contra los abusadores. El caso más reciente que ha generado indignación fue el juicio contra el sacerdote Félix Miranda Gamarra, quien fue procesado por abusos sexuales cometidos contra un niño menor de edad, cuando se desempeñaba como párroco en la ciudad de Edelira, Itapúa. Un Tribunal lo sentenció a la pena de dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con lo cual queda libre a cambio de pagar 5 millones de guaraníes al Hospital Regional. La Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CDIA) cuestionó las “sentencias laxas de la Justicia” en los casos de violencias y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.
Ante esta alarmante situación, desde el Estado y desde la misma sociedad se deben redoblar los esfuerzos para educar, crear conciencia y perfeccionar los mecanismos de protección, buscando reducir el grave daño a la población más vulnerable.
