Es sorprendente la cantidad de dinero que podría utilizarse mejor, y esto no solamente vale para la adquisición de esos programas que son claramente reemplazables por otros émulos libres y gratuitos, sino también para las millonarias licencias que se pagan cada cierto tiempo (antes al menos se adquirían las aplicaciones en un soporte físico o descargándolos desde la web, con una habilitación de por vida, pero hace rato eso prácticamente se acabó).
Pregunté a los principales grandes modelos de lenguaje (LLMs) acerca de esta contradicción en la administración pública, que se niega a la austeridad y a la transparencia. Coincidieron en que no falta la presión de las multinacionales, y educación para utilizar nuevas herramientas.
Por ejemplo, ChatGPT indicó: “A pesar de las ventajas evidentes del software libre –como su bajo costo, transparencia, independencia tecnológica y posibilidad de adaptación– la mayoría de los Estados en el mundo siguen invirtiendo enormes sumas de dinero en software privativo”. El chatbot desarrollado por OpenAI añadió que “los gobiernos son estructuras grandes y lentas, y cambiar su infraestructura tecnológica requiere tiempo, planificación y capacitación”. Son elementos que atacan la forma de ser de una República como la nuestra.
La IA añadió que las empresas de aplicaciones cerradas “financian congresos, asesorías y programas educativos que refuerzan su presencia en el sector público. De esta manera, se perpetúa una dependencia tecnológica difícil de romper: los Estados terminan atados a licencias, formatos y actualizaciones controladas por esas empresas”. De terror.
“En resumen, los Estados no usan software libre no porque sea inferior, sino porque su adopción exige romper inercias, desafiar intereses y apostar por una visión tecnológica soberana a largo plazo. La verdadera barrera no es técnica, sino política y cultural”, aseveró ChatGPT.
Por su parte, Gemini subrayó que “el software libre, con su código fuente abierto, ofrece evidentes ventajas como la transparencia, la independencia tecnológica (evitando la dependencia de un único proveedor) y la posibilidad de fomentar una industria local de servicios y desarrollo”. Ahí está la información para que la atienda el Ministerio de Industria y Comercio.
En su colofón, el bot de Google apuntó: “El gasto en licencias privativas es, en esencia, el precio que los Estados pagan por la comodidad de la inercia, la dependencia histórica y la influencia de los grandes proveedores. Aunque la migración al software libre representa una oportunidad de ahorro, soberanía tecnológica y transparencia –beneficios clave para el interés público–, las barreras iniciales de costo, esfuerzo y política suelen ser suficientes para perpetuar el statu quo”. Impecable remate.
A su turno, Grok sostuvo: “Aunque el software libre es a menudo más seguro por su transparencia (cualquiera puede auditar el código), hay mitos persistentes. Algunos funcionarios temen vulnerabilidades por la exposición del código fuente, ignorando que el privativo puede tener ‘puertas traseras’ ocultas”.
De Copilot, que claramente salió a favor de su creadora, rescato el final: “La preferencia por software privativo no es solo una cuestión de ignorancia o ideología; responde a consideraciones reales de riesgo, soporte, compatibilidad y gobernanza. Cambiar esa tendencia exige inversión en capacidades internas, políticas públicas que incentiven soluciones abiertas, evaluaciones rigurosas del costo total de propiedad y voluntad política para gestionar la transición y mitigar los riesgos operativos durante el proceso”. No es tanto así, pero el cháke nos tiene gastando millones al pedo.
