El documento, que pasa de vuelta a la Cámara de Diputados, establece que la Fiscalía debe actuar ante el robo en los locales comerciales a partir de G. 550.000.
La modificación de la ley que castiga los robos y hurtos menores fue para cortar con la reincidencia de los ladronzuelos, mayormente adictos, que son detenidos y a días ya están de vuelta en las calles.
El rechazo al veto se dio de forma casi unánime, luego de que, unos días antes, el senador cartista Derlis Maidana, quien preside la comisión de Legislación, había anunciado que se aceptará el veto. “Eso está establecido en el Código Penal y apoyamos el veto total del Poder Ejecutivo”, dijo Maidana el lunes pasado.
Durante la sesión, el senador Mario Varela dijo que la tarea le corresponde al Ministerio Público y la ley será una herramienta fundamental.
Lilian Samaniego explicó que cuando se da la apropiación o hurto –previstos en los artículos 160 y 161– de una cosa menor de cinco jornales mínimos, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que a criterio del Ministerio Público requiera una persecución de oficio. Comentó que se habló con el ministro Enrique Riera sobre el proyecto en audiencia pública.
