Los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera, declararon inadmisible la apelación contra la resolución que elevó el caso a juicio oral.
Según la acusación, el perjuicio al Estado es de unos 6 mil millones de guaraníes. A más del ex ministro y la apelante hay varios acusados.