@miguelhache |
Todos sospechábamos que las tierras de Antebi (ahora Antebi Cué) eran valiosas, pero jamás pensamos que valían oro ku’i.
A juzgar por lo que va saliendo a luz, todos -tanto políticos, extranjeros y vendedores irregulares de derecheras- están salpicados en mayor o menor proporción por el escándalo que al parecer aún no llegó a su etapa más expansiva.
Pero lo más revelador de todo es que aquellas lejanas tierras, reino de cuatreros y asaltadores de tape po’i, progresivamente están convirtiendo a algunos en prósperos terratenientes, con lujos inimaginados.
Aunque también es verdad que muchos de los que originaria y legítimamente pelearon, se sacrificaron, en muchos casos derramaron sangre, para llegar a tener una parcela, hoy ya no están.
Lo que para algunos es algo así como la mano del Rey Midas, para otros es un garrote perô, porque el Estado nunca les brindó asistencia técnica y crediticia y por eso se fueron; y de nuevo a morder el duro polvo de las ocupaciones y a sentir el frío bajo carpas provisorio-eternas esperando en algún otro rincón, tal vez otra adjudicación más ventajosa y en mejores condiciones.
La investigación del Indert revela solo una ínfima parte del escandaloso rifamiento de las tierras para la reforma agraria sobre Antebi Cué. De 1.587 personas que ocupaban parcelas como sujetos genuinos de la reforma agraria solo quedan 327. ¿Qué pasó del resto? Se fue. Mal vendió sus derechos sobre las propiedades, a veces por necesidad, a veces por presión y asedio político (eso está confirmado) y otras por apremio económico, etc.
Si 1.260 familias desaparecieron de Antebi Cué, ¿Por qué, sin embargo, todas las propiedades están ocupadas? ¿Quiénes son esas 1.260 -más o menos- personas que ahora reemplazaron a las que abandonaron la región? Ni siquiera el Indert lo sabe decir a ciencia cierta. Lo confirmable es que son políticos, testaferros de políticos, parientes de políticos, amigos de políticos, hacendados brasileños (que ni siquiera figuran en el censo oficial) y eventuales avivados.
Lo peor es que el Estado nunca reparó en semejante cambio de mapa humano en Antebi Cué. Es más, hasta este año venían cobrando regularmente por las tierras a los nuevos ocupantes -usurpadores, invasores, etc.- como si fueran los originales adjudicados. Jamás pusieron en cuestión el asunto. Ahora que una punta del problema emerge, todos buscan culpables y no dirigen el dedo índice hacia ellos mismos, como debería ser. Claro, en ese lapso el Indert cobró 2.365.718.397 guaraníes (ÚH-Política-7/09/2011 Pág. 7), no había tal vez razón para poner en cuestión nada, ya que la recaudación no era desdeñable.
Ahora resulta que la reforma agraria, encarada en Antebi Cué (entre Concepción y Amambay) por sucesivos gobiernos colorados y en los últimos 3 años de la Alianza de Lugo, benefició principalmente a quienes no necesitan; a quienes no se merecen; a quienes causan más daño que beneficio al país; a quienes finalmente habría que cobrar el doble por este delito y mandarlos a barrer plazas o ponerlos detrás de las rejas.
A medida que avanzan las investigaciones del Indert (muy incompletas) y de la prensa sobre el caso, las revelaciones son más escandalosas, porque aparte de la usurpación, el Estado aún debe pagar a los Antebi G. 108 mil millones y hay un juicio por mora e intereses de 40 mil millones.
Todo mal, para el resto del país; todo bien para los aprovechados que sentaron sus bases en aquellas latitudes (el más descollante es el diputado colorado Magdaleno Silva que tiene más de mil hectáreas y próspera ganadería allí).
Lo último que descubrieron fue una estancia con pileta, quincho y todo tipo de lujos, posiblemente de un brasileño. Así, yo también me reivindico sujeto de la reforma agraria.
