El objetivo es generar un espacio para impulsar acciones de control contra la corrupción pública y seguir la línea que mantuvo durante los últimos cinco años la ex diputada y actual senadora Kattya González, del PEN.
“En su momento el Frente Parlamentario contra la Corrupción hizo varias denuncias que trascendieron, como las camas y otras que surgieron en la pandemia, y otras situaciones. Además, desde ahí también queremos proponer todo lo que pueda ser necesario, incluso leyes para un combate más eficiente a la corrupción. A su vez, generar espacios para acercarnos a la ciudadanía, como audiencias públicas y conversatorios”, expuso.
El frente parlamentario todavía no se conformó en este nuevo periodo, la idea es que la próxima semana comience la organización.
En el Senado. La misma situación se vive en la Cámara de Senadores, pero en este caso la plataforma no está creada. Por ese motivo, Kattya González presentó una propuesta que será tratada la próxima semana, referente a la creación del frente parlamentario contra la corrupción y la impunidad en el Senado.
En el periodo anterior, el Frente Parlamentario impulsó un importante proyecto sobre el conflicto de intereses.
Fue tratado y debatido, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto similar que finalmente fue sancionado y promulgado.
Hasta ahora la Contraloría no reglamenta la ley, pese a que fue promulgada ya en abril pasado.
La crítica más expuesta hacia el cartismo y el nuevo gobierno es precisamente el contrato de gerentes en puestos claves, o de ministros que renuncian y van como gerentes a empresas de Cartes con información privilegiada.
Corrupción. El Frente Parlamentario generó un observatorio anticorrupción en el que se expone el estado del cumplimiento de las recomendaciones y medidas formuladas por los sistemas de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos instrumentos internacionales ratificados por Paraguay.
En el detalle se señala que dos puntos no fueron cumplidos de entre las recomendaciones, como lo son el abuso de funciones, que no cuenta con desarrollo normativo, y las competencias de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, en cuanto a la rendición de cuentas.
“Se recomienda que Paraguay establezca como delito el abuso de funciones con arreglo a lo tipificado en la Convención. Se recomienda legislarlos como crímenes a fin de incorporarlos como delito subyacente del delito de lavado de dinero”, expresa la recomendación.
