La normativa fue presentada por el senador liberal Víctor Ríos, quien señaló que esto no significa que cualquier ciudadano pueda dejar de abonar el servicio sin un motivo que lo justifique y exigir la continuidad del suministro alegando garantías constitucionales. “Todo va a depender de cuál sea la causa de la mora, solo atendible por razones concretas”, remarcó.
Los beneficiarios serán aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico, prescrito por un médico matriculado, así como también del servicio de agua corriente que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.
Asimismo se le favorecerá al adulto mayor en situación de vulnerabilidad. Se le incluye a todo paraguayo natural o paraguayo naturalizado con por lo menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 30 años de residencia, mayor de 65 años de edad, residente en el territorio nacional, siempre y cuando no reciba remuneraciones del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social, o que sea contribuyente del IRP.
