El aspecto más importante que permitirá un avance significativo en la transparencia en lo que respecta a las declaraciones juradas de los bienes de las autoridades podría ser eliminado hoy del proyecto que fue elaborado por la Contraloría General de la República, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
El contralor Camilo Benítez presentó el proyecto de ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, referente a la declaración jurada de bienes y rentas, modificando la ley vigente, para ajustar aspectos que consideró sustanciales para evitar colisiones con la Carta Magna y mejorar el control del enriquecimiento de los funcionarios.
En esta propuesta se contemplan cuatro aspectos nuevos. Primero, que todas las declaraciones juradas sean públicas sin necesidad de una orden judicial, como sucede actualmente; segundo, la exclusión de proveedores del Estado como sujetos obligados de presentar declaraciones juradas; tercero, ajustar las multas al salario del funcionario, que actualmente es de 300 jornales mínimos, y cuarto, el acceso directo de la Contraloría a los datos de los Registros Públicos, Registro del Automotor y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para contrastar eficientemente sobre la veracidad de lo declarado, en los exámenes de correspondencia.
Este último punto sería eliminado por los diputados, frenando la posibilidad de un mejor control.
Igualmente, según versiones legislativas, pretenden establecer que los datos imprecisos de las declaraciones puedan ser rectificados sin que sean pasibles del delito de declaración falsa.
Benítez comentó que es importante esta ley, ya que la última publicación habilitada por la Corte fue solo de los años 1998 hasta 2017; sin embargo, las nuevas autoridades, como los intendentes que asumirán, no harán públicas sus declaraciones.