La semana pasada fue noticia que la Asociación de Bancos del Paraguay trabaja en un proyecto de ley que apunta a duplicar la tasa de interés aplicada a las tarjetas de crédito, con límite actual de 13,61% hasta llegar al 30%, para “devolverle el brillo al negocio”. Se sugiere que los topes a las tasas, dictados por el Congreso, en resguardo de usuarios, herrumbren las ganancias de la banca y, por ende, una nueva ley es importante.
Esta medida resultará en mayores costos a los usuarios en un escenario de crecimiento macroeconómico de los más altos de la región, inflación estable y con bancos y financieras, a nivel micro, con rentabilidad superior a otros sectores de la economía. ¿Qué pretende corregir o mejorar el proyecto de ley, y quién recibirá los mayores beneficios de la propuesta? La tarjeta de crédito es un producto que tiene como propósito facilitar las transacciones, brindando seguridad al portador, al receptor del pago (comercio) a un costo fijado por las instituciones financieras. Su emisión genera ingresos y gastos para bancos y financieras.
En este tema específico de tarjetas de crédito, se trata de un caso donde el Estado, a través del Poder Legislativo, estableció una tasa tope con la intención de proteger a los usuarios de menores recursos. Sin embargo, una y otra vez como sucede con el establecimiento de mecanismos de control de precios, la medida provoca el marginamiento de estos usuarios por su baja rentabilidad. O lo que es peor, provoca la formación de ejércitos de personas que cubren el pago mínimo y viven hundidos en deuda, para beneficio de los emisores del plástico, de las casas de crédito o los usureros.
Los gastos operativos fijos se relacionan con la emisión de la tarjeta –plástico–, el software, análisis del riesgo crediticio (capacidad de pago y riesgo moral) personal, etc., que se cobran en la cuota a los tenedores de tarjeta, monto anual que varía según la naturaleza y sofisticación del servicio que brinda cada institución, y el grado de rivalidad existente en el mercado. Con estos simplificados parámetros, el banco emisor se hace una idea del grado de riesgo de crédito que pudiera incurrir y determina el precio mínimo al que podría tomar al cliente. Es posible que una tasa del 11% no cubra los costos que un cliente de mayor riesgo naturalmente tiene, por lo cual la entidad financiera elige retirarse de segmentos no rentables.
El costo de transacción de la tarjeta no refleja llanamente la tasa de interés como sucede con los préstamos donde el riesgo de la transacción, el valor presente del dinero y las regulaciones de encaje legal son variables esenciales para determinar la rentabilidad de cada operación.
En estas circunstancias, la banca hace mal en indicar que la tasa debe más que duplicarse para ser rentable. Es aquí donde su discurso flaquea y muestra su cara. Más allá de la tasa, los bancos y entidades financieras deben ser expertos en gestión y valoración del riesgo crediticio. Con tasas altas, no se desarrolla este campo. La banca busca rentabilidad sin hacer su tarea de definir cuál es su apetito de riesgo (ej.: ¿tasa de inflación más 25%?), analizar los diversos segmentos de mercado, ejercer su expertise como evaluadora de riesgos y desarrollar nuevos productos que se ajusten a las necesidades del usuario a precios que cubran sus costos totales más una ganancia razonable. Además, tasas superiores al 30% prometen tasas por morosidad superiores, por tanto, ingresos fáciles.
En este caso, las regulaciones necesarias son las que eviten la usura y la generación de fuentes de ingreso abusivas como las tasas y cargos por retrasos en el pago, y la ausencia de transparencia en las estrategias de ventas –colocación de tarjetas– donde el mejor cliente no parece ser el mejor pagador, sino el que cubre el monto mínimo o ingresa en mora. Esta situación se traslada también en índices de progreso social estancados o en retroceso, con inequidades crecientes y escasas oportunidades de revertir la tendencia de la pobreza en forma sostenida e inclusiva.
Busquemos mercados competitivos, eficientes, que se concentren en las necesidades y el respeto al consumidor, donde el plástico sea un instrumento de formación de una cultura de crédito, pero no de una masa de endeudados ni de eternos pagadores a una banca que no está haciendo lo que debe hacer: valuar el riesgo y colocar sus recursos.
