La ciudadanía paraguaya es considerada tradicionalmente como pasiva y poco interesada en las cuestiones que tienen que ver con los destinos de la nación, aunque en determinados momentos de la historia se producen estallidos sociales que intervienen y modifican las cuestiones políticas. Ha sucedido en gestas ciudadanas importantes como el llamado Marzo Paraguayo en 1999, la emergencia de los grupos autoconvocados como “indignados” en protesta contra la corrupción en 2013 y 2014, las movilizaciones estudiantiles universitarias conocidas como #UNAnotecalles en setiembre de 2016, o la toma de colegios por estudiantes secundarios en defensa de una mejor educación, en 2017.
En los últimos días, en vísperas de la asunción de un nuevo gobierno al frente del Poder Ejecutivo, el país está viviendo una nueva oleada de movilizaciones ciudadanas y principalmente estudiantiles, en repudio contra la impunidad de legisladores procesados o acusados por hechos de corrupción y en protesta por la aprobación de las notas reversales del acuerdo Cartes-Macri sobre la represa hidroeléctrica de Yacyretá.
Las primeras manifestaciones de repudio, que inicialmente surgieron en grupos reducidos, lograron un primer efecto contundente pocas horas antes de una gran concentración convocada en la Plaza de Armas de Asunción, el pasado lunes 6 de agosto, cuando obligaron a la renuncia del diputado colorado José María Ibáñez, quien a pesar de haber admitido ante la Justicia haber utilizado dinero público para pagar a sus empleados domiciliarios, haciéndolos figurar como funcionarios del Congreso, había sido blanqueado por sus pares, en un gesto colectivo de impunidad que encendió la indignación popular.
Desde entonces, los actos de repudio o de “escrache” –como se los denomina popularmente– no han hecho más que crecer, teniendo como blanco los domicilios de otros legisladores también procesados por corrupción, como el senador colorado Óscar González Daher, en la ciudad de Luque, e incluso el propio presidente Horacio Cartes, quien no se salvó de ser repudiado frente a su vivienda, por haber promulgado los cuestionados acuerdos de Yacyretá. Los ciudadanos anuncian que seguirán manifestándose, hasta lograr que la mayoría de los diputados y senadores salpicados de corrupción sean sancionados o renuncien, sin importar a qué partido pertenezcan. En este proceso no habría que olvidar a los exponentes del Poder Judicial, también involucrados.
Resulta saludable que la gente esté en las calles, ejerciendo sus derechos y expresando su protestas y propuestas, siempre que sea en el marco de la convivencia. Es de esperar que esta oleada de indignación no sea una modalidad pasajera y se establezca de modo permanente una participación más activa de los ciudadanos en todos los aspectos que tienen que ver con los destinos de la nación. Sería un significativo avance para la democracia.
