Había mucha expectativa ciudadana acerca de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores convocada en la víspera para tratar la expulsión del senador del Partido Unace, Jorge Oviedo Matto, por el audio filtrado que revelaría un pedido de dinero hecho por él a la fiscala Casse Giménez, para “solucionar” un caso judicial, según confirmó la misma agente del Ministerio Público.
Varios legisladores anunciaron que, en caso de que el legislador presentara su renuncia al Senado, la iban a rechazar e iban a plantear que sea expulsado, tal como lo habían hecho la semana anterior con el ahora ex senador Óscar González Daher, ya que el delito del cual se lo acusa es el mismo: realizar tráfico de influencia desde su función de legislador y representante legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Sin embargo, esta vez el tratamiento fue distinto. Oviedo Matto decidió presentar su renuncia y prácticamente imploró a sus pares que la acepten y no lo sometan a la pérdida de investidura, porque no deseaba quedar con tan humillante condición ante la historia. La respuesta fue muy concesiva. Con excepción de algunas voces, como las de los senadores Eduardo Petta y Desirée Masi, que plantearon rechazar la renuncia y convocar a otra sesión para expulsarlo, la mayoría decidió concederle una salida más benévola.
Este comportamiento de los senadores, otorgando tratos muy diferentes a dos de sus pares acusados de la misma figura delictiva, reactiva el temor de que terminen blanqueando o encubriendo muchos de los casos denunciados, y que todo el escándalo provocado por la revelación de los audios filtrados, evidenciando casos concretos de tráfico de influencia y de manejo corrupto de la Justicia, instrumentalizada por intereses políticos y económicos, acabe nuevamente en el oparei, el folclórico nombre paraguayo de la impunidad.
Otro elemento que deja esa sensación es la marcada lentitud con que los representantes de la Fiscalía y de la Justicia están abordando este caso y tomando la primeras declaraciones, en su mayoría solamente testificales, a pesar de la gran cantidad de revelaciones que señalan delitos muy graves cometidos por personas individualizadas con nombres y apellidos en las conversaciones telefónicas. El hecho de que altos exponentes del sistema judicial , entre ellas el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, sean citados en dichos audios, hace suponer aun más que no existe voluntad real de llegar hasta el fondo con las investigaciones.
La Justicia se encuentra de este modo ante un desafío histórico. La ciudadanía debe mantenerse activa y vigilante, movilizándose y presionando para que no se pierda esta oportunidad de sanear y producir cambios en la clase política y en el sistema judicial.