En dicho decreto, se establecía que todos aquellos que administren recursos provenientes de la Ley de Emergencia debían presentar una declaración jurada en el plazo de 10 días; es decir, el 10 de abril pasado. Esto, con el fin de prevenir conflictos de interés. Las declaraciones juradas pueden verse en el portal de la Senac.
Las instituciones con asignaciones específicas de fondos de emergencia son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Crédito Agrícola de Habilitación, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y el Ministerio de Desarrollo Social. Todas ellas presentaron su declaración jurada de intereses.
FORMULARIO. Las autoridades detallaron en el formulario las actividades desempeñadas en los últimos dos años, la identificación de todos los cargos públicos que desempeñaron, su remuneración u honorarios, así como si ejercieron o no alguna actividad profesional independiente. Asimismo, los datos referentes a sus parientes.
De igual forma, si tuvieron participación en cualquier cuerpo colegiado o consejos de administración y si recibieron remuneración por ello en los últimos dos años.
El titular de la cartera sanitaria, Julio Mazzoleni, declaró haber desempeñado el cargo de jefe de Reumatología en el IPS antes de ser ministro.
A su turno, Benigno López destaca en su informe ser el hermano del actual mandatario y haberse desempeñado como titular de IPS.
En tanto, llamativamente el nombre del titular del IPS, Andrés Gubetich, no aparece. Sí de los distintos consejeros de la entidad.
El conflicto de interés es entendido como una tensión entre la función o el deber público de un funcionario y sus intereses privados, personales, económicos, financieros, profesionales, laborales, o particulares de cualquier otra índole, los de su grupo familiar o de sus allegados cercanos.
“El Poder Ejecutivo, con esta primera experiencia, pretende proactivamente poner a disposición de la ciudadanía los formularios de funcionarios que posean asignaciones específicas de administración de recursos destinados a la Ley de Emergencia”, afirma la Senac al hacer públicos los datos.
La institución que ha impulsado y promovido esta iniciativa es la Secretaría Nacional Anticorrupción, y se contextualiza en el marco de las políticas de transparencia y participación ciudadana.
En esa línea, la Senac se encuentra trabajando en un proyecto de ley de ética pública, que prevé un capítulo destinado exclusivamente a declaraciones de interés.
El mismo será sujeto al parecer ciudadano, antes de su presentación oficial por medio de la Presidencia de la República al Congreso de la Nación.
