Se trata de la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, una iniciativa que el oficialismo defiende para acabar con la especulación y a la que se oponen sectores políticos de oposición y empresariales, así como ciudadanos de a pie.
El inicio del trámite parlamentario generó esta semana en ciudades como Quito y Guayaquil concentraciones de rechazo protagonizadas por quienes consideran que la ley será perjudicial para los ciudadanos y para el conjunto de la economía ecuatoriana.
La protestas, convocadas por redes sociales, no contaron con un respaldo masivo -en Quito fueron unas 500 personas quienes la secundaron- pero muchos asistentes manifestaron su deseo de repetirlas durante las próximas semanas, a medida que se intensifica la actividad preelectoral para los comicios de 2017.
La norma, que se estudia en la comisión de Gobiernos Autónomos del Parlamento, fue enviada el 1 de diciembre por el presidente del país, Rafael Correa, con carácter urgente, por lo que deberá ser tramitada en un plazo de treinta días, de acuerdo con la Constitución del país.
El Ejecutivo afirma en el preámbulo del proyecto que “reducidos segmentos de la sociedad han obtenido ganancias extraordinarias ilegítimas provenientes de la especulación” inmobiliaria, aspecto del que discrepan sectores políticos y económicos porque, en su opinión, el Estado no tiene potestad para determinar cuáles son las ganancias legítimas o ilegítimas.
La propuesta del Gobierno también señala que “de forma generalizada”, los propietarios de los bienes inmuebles se han aprovechando del incremento de su precio, derivado de la intervención del Estado por medio de obras, lo que afecta a proyectos públicos de desarrollo.
Desde la oposición se argumenta que el proyecto castigará sectores como la construcción y otros conectados a este, además de perjudicar a la economía de muchas familias que deberán pagar los tributos que fije la ley por la venta de propiedades.
La discusión aborda varios aspectos sobre los que reina el desacuerdo, entre ellos el cálculo de los impuestos que tendría que pagar un ciudadano por vender una propiedad un tiempo después de adquirirla.
Este proyecto de ley fue presentado al Parlamento con anterioridad y retirado en junio de 2015 de la Cámara por decisión del presidente ecuatoriano, ante las nutridas protestas que se desataron en su contra.
Entonces, el gobernante justificó la decisión de dar marcha atrás al trámite legislativo para frenar las protestas, que calificó de violentas, y mantener un ambiente de paz y tranquilidad de cara a la visita del papa Francisco, que tuvo lugar en julio.
Pero el gobernante advirtió entonces que la retirada de la ley sería solo temporal y daría paso a un debate nacional, al término del cual la iniciativa sería de nuevo presentada al Legislativo, a menos que le demostrasen que realmente era perjudicial para el pueblo.
El anuncio se ha cumplido y el proyecto de ley ha sido enviado de nuevo a la Asamblea Nacional cuando el país se encuentra en periodo preelectoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos de febrero de 2017, en los que Correa, por primera vez tras diez años en el poder, no será el candidato del oficialismo.
Cómo puede afectar el debate sobre la ley de plusvalía al proceso electoral y qué incidencia pueda tener en la intención de voto de los ecuatorianos es una incógnita en este momento, cuando el porcentaje de indecisión de los votantes oscila entre el 36 % y más del 50 %, según diferentes encuestas.
El propio Correa admite que desconoce si el proyecto será beneficioso o perjudicial a los intereses electorales del oficialismo en los comicios, pero asegura que la ley es “extremadamente buena” y que contribuye a frenar la especulación.
De lo que no cabe duda es de que el proyecto ha entrado de lleno en el debate electoral al intensificar la discusión entre los opositores que lo critican y el oficialismo, liderado por Correa, quien afirma que él y sus partidarios promueven esta ley únicamente “en base a convicción”.
Jesús Sanchis Moscardó
