Cansados del contrabando que compite de manera ilegal con la producción nacional, los tomateros piden respuestas inmediatas; de lo contrario, saldrán a las calles a protestar y a pedir destituciones, entre ellas la de Emilio Fúster, ministro coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC).
El Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas dio un ultimátum al Gobierno para combatir el ingreso ilegal de tomate desde Argentina y Brasil.
A través de un comunicado, el gremio exigió la verificación de los productos frutihortícolas en las fincas, así como los controles fronterizos e intervención en los supermercados, ya que sus sospechas apuntan a que los tomates extranjeros, una vez que ingresan al país, se hacen pasar por producción nacional.
El dirigente Máximo González indicó que esa es la explicación de por qué los compradores solo quieren pagar entre G. 2.500 y G. 3.000 por cada kilo, un valor muy por debajo de los G. 5.000 que exige el sector, aprovechando que actualmente está prohibida la importación.
Si los horticultores no encuentran una respuesta inmediata a sus reclamos nuevamente cerrarán rutas, como lo hicieron hace casi dos meses en Caaguazú, donde se concentra el mayor volumen de producción de tomate. “Cuando salgamos va a correr la cabeza de uno o dos ministros que no están haciendo su trabajo”, advirtió González, refiriéndose principalmente a Emilio Fúster.
La asociación está particularmente molesta con Fúster, porque mientras el ministro alardea sobre los operativos anticontrabando, ingresan masivamente a la luz del día los productos ilegales.
También responsabiliza al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a Aduanas y al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.
MEDIACIÓN. Hay un compromiso de una reunión para mañana a las 9:00 en la sala de sesiones de la Cámara Alta con productores de Arroyos y Esteros para tratar la problemática del contrabando. Se prevé la presencia de autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional, la Marina, la Fiscalía y Aduanas.
“Estamos desesperados por el volumen, por la cantidad de contrabando que entra y nosotros no podemos comercializar nuestros productos. Estamos a punto de tirar la cosecha del año por causa del contrabando”, refirió Juan Aranda, uno de los agricultores. El sector mantuvo un encuentro ayer con el presidente del Congreso, Óscar Salomón.
LA CIFRA
G. 5.000 por kilogramo de tomate es el precio que los productores consideran justo para obtener ganancias y pagar sus deudas.