Los gremios de la producción reaccionaron y rechazaron un proyecto de ley que tuvo entrada la semana pasada en el Congreso y que se relaciona con tierras. Para los productores, en el proyecto subyace la intención de legalizar ocupaciones de tierras y ellos consideran que atenta directamente contra la Constitución Nacional.
Sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios emitieron un comunicado para transmitir a las autoridades y a la ciudadanía el rechazo contundente al proyecto de ley “Que amplía el artículo 142 de invasión de inmueble ajeno del Código Penal modificado por Ley 3440/2008”.
En la plenaria pasada, el proyectista, senador Pedro Santacruz, pidió a sus colegas se fije el día del tratamiento de la propuesta lo que de inmediato causó la reacción a nivel de redes sociales del senador Fidel Zavala (Patria Querida), quien definió al proyecto como instigador a las invasiones.
Así, en el mismo sentido, los distintos grupos empresariales consideran que de aprobarse dicha propuesta, se estaría violando abiertamente los principios y normas que sustentan la República.
“Los paraguayos que generamos empleo y aportamos para el desarrollo económico y social, deseamos trabajar con seguridad y garantías, y no ser perturbados por ambiciones sectoriales o radicales que pretenden sustituir el estado de derecho por la anarquía”, expresa el documento.
Añaden que la propiedad está protegida por la Constitución Nacional, por lo que tildan de “descabellada” la iniciativa parlamentaria que no solo es inadmisible por su clara improcedencia, sino también es de tinte populista, sostienen.
Para el senador Pedro Santacruz, quien argumentó que la iniciativa busca evitar que la Fiscalía y la Policía “negocien” con los desalojos, el documento no insta a invadir tierras.
El legislador cuestiona que tanto Fiscalía como Policía hacen desalojos exprés sin tener en cuenta el arraigo que ciertas familias ya tienen en una zona, además de la arbitrariedad que conlleva.
SIN GARANTÍAS. Los gremios, siguiendo con su argumento en contra, contestaron que “atenta contra los derechos y garantías establecidos en el orden constitucional, pretendiendo otorgar legalidad a hechos ilícitos y punibles como ocupaciones o invasiones de propiedades”.
En ese sentido, los gremios alegan que la gobernabilidad y estabilidad política del sistema democrático resultan del respeto a las normas, por lo cual alientan a los poderes del Estado a seguir cumpliendo y respetando el mandato legal de inviolabilidad de toda propiedad.