Pedro Galli, presidente de la ARP.
Con la serie de recientes allanamientos, las denuncias nacionales e internacionales sobre empresas y “empresarios” vinculados con el narcotráfico en Paraguay, el lavado de dinero y un mecanismo delictivo que impregna el sector económico, político y social nos vemos obligados a replantearnos: ¿Qué podemos hacer desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP), como institución civil más antigua del país?
Primeramente está lo que ya hacemos: Los estatutos de la ARP en sus artículos 14 y 30 estipulan que:
- Los candidatos a socios activos y adherentes deberán gozar de buena reputación.
- El carácter de socio se perderá: Por condena judicial, firme y ejecutoriada, que importe la implicación de una pena infamante o implique la pérdida de su buena reputación.
En pocas palabras, contamos con un estatuto con un marco normativo que ya ha sido aplicado en determinados episodios. Como aclara el mismo, debe existir condena, lo que nos permite respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
A pesar de que no todos los productores son socios de la ARP, nos sentimos responsables de hacer un llamado a la reflexión a los más de 130 mil productores ganaderos de Paraguay (pequeños, medianos y grandes).
El crimen organizado genera un escenario propicio para que se den hechos de violencia y terminan fortaleciendo a otros grupos ideologizados que van más allá del interés meramente económico para poner en riesgo la seguridad física de las personas y el Estado de Derecho, como ya la propia historia en la región lo demuestra.
Este modelo de negocio está muy alejado de la realidad de quienes viven del campo. Los productores que no tienen fuentes inagotables de inversión (la gran mayoría) deben lidiar con la naturaleza que impone periodos de inundaciones, incendios y sequías, a los que se suman los precios internacionales, coyunturas políticas con efectos erráticos y el problema social de la pobreza, que por falta de políticas públicas efectivas favorece la aparición de oportunistas, quienes se aprovechan de este escenario, movilizan a sectores sociales vulnerables que terminan bajo los esquemas delictivos tan conocidos como el abigeato, la invasión de propiedades y otras múltiples actividades al margen de la ley.
Competencia desleal.
En promedio un establecimiento que logre una producción elevada y pueda responder a contingencias vinculadas con la naturaleza y los precios internacionales requiere un mínimo de 10 años de inversión para desarrollar un sistema que funcione, y aun así el sector tiene una dependencia de los préstamos de entidades financieras, no siempre accesibles para todos.
Las fuentes inagotables de inversión de dudoso origen de sectores ajenos a la producción agropecuaria producen una distorsión que deja en desventaja a quienes trabajan en el marco de la ley. Crean además un clima artificial donde los precios de la tierra, las materias primas, los materiales y todo lo vinculado a la producción ganadera aumenta de manera desproporcionada.
Desde la ARP ya estamos haciendo nuestra parte. Si algo caracteriza a nuestro gremio es el impulso de seguir aportando al país a través del trabajo arduo y legal, a pesar de las contingencias. Es allí donde se demuestra el verdadero espíritu del productor que es puesto a prueba todos los días, esa es nuestra verdadera esencia. Nuestro compromiso con el país no se doblega y estamos listos para cooperar y seguir fortaleciendo la cadena de producción ganadera como fuerte aportante a la economía paraguaya y a la de miles de familias de forma directa e indirecta. Esperamos que el Estado demuestre el mismo compromiso y desmantele las estructuras del narcotráfico en el país, teniendo al bienestar de todos los paraguayos como objetivo final.