Procuraduría General de la República
Otro ocupante vip de tierras en Jardines de Remansito, en Villa Hayes, entregó su llave a la Procuraduría General de la República. Se trata de la cuarta persona que reconoce que las tierras corresponden al Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República remitió al Ministerio Público informes y documentos sobre la finca 916 de Villa Hayes, del Ministerio de Defensa, de la que pretendían desafectar 131 hectáreas para titularlas a nombre de sus actuales ocupantes, varios de ellos ganaderos, abogados, empresarios y hasta jueces. La Fiscalía investiga una denuncia hecha por la senadora Yolanda Paredes por el caso.
El procurador Marco Aurelio González confirmó que ya enviaron documentaciones al Ministerio Público sobre la situación de los llamados ocupantes vips de la finca 916 en los Jardines de Remansito, ante posibles hechos punibles que ameriten una investigación.
El procurador Marco Aurelio González sostuvo que no hay fundamento legal que pueda dar lugar al planteamiento del intendente de Villa Hayes, Luis López, quien aseguró que solicitarán la devolución de las costosas tierras en Jardines de Remansito.
Marco Aurelio González, procurador general de la República, instó a “seguir el camino” de los dos ocupantes vips que este jueves entregaron sus llaves y reconocieron las tierras del Estado. Ambos figuraban en la lista que reveló la senadora Celeste Amarilla (PLRA), donde hay otros 16 más.
La Procuraduría General de la República informó en la mañana de este jueves que dos personas que ocupaban las tierras en Jardines de Remansito reconocen la titularidad del Estado y desisten de la ocupación.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó este jueves a Rodolfo Andrés Barrios Duba como nuevo procurador general de la República.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, designó a Miguel Ángel Villalba Rodríguez como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, tras la designación de Juan Rafael Caballero como director jurídico de Itaipú.
El ex senador Alfredo Jaeggli aclaró que el fallo de nulidad ante una demanda que pretendía que el Estado paraguayo abone unos G. 23.000 millones es un caso que afecta a su hijo Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y no a su persona.
Un Tribunal de Apelaciones dictó un fallo a favor de la Procuraduría General del Estado (PGE), en un proceso contra el Estado por el precio de una expropiación para la duplicación de las rutas PY02 y PY07.
Petropar y la Procuraduría General de la República ni siquiera esperaron el dictamen de Hacienda para saber si tendrían la disponibilidad presupuestaria para la firma del acuerdo con Texos SRL, por el cual iban a pagar USD 7 millones, pese a que la estatal tiene todas las de ganar en el juicio.
El juez Hugo Manuel Garcete Martinez dejó sin efecto el sospechoso acuerdo extrajudicial entre Petropar y la firma argentina Texos, que obligaba a pagar USD 7 millones a la empresa, en el marco de una demanda por USD 31 millones contra la petrolera.
El gobierno de Mario Abdo Benítez llega a la mitad de su periodo de mandato envuelto en la polémica por tres acuerdos manejados casi en la confidencialidad y cuyos efectos, además de desgastar su imagen, podrían afectar a los intereses del país.
La Procuraduría General de la República remitió este jueves toda la documentación sobre el caso de la firma argentina Texos Oil, que involucra a Petropar en un acuerdo secreto a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
La Procuraduría General de la República informó este miércoles que el Estado paraguayo recuperó la totalidad del anticipo pagado y no devuelto por la empresa Mota-Engil Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima-Sucursal Paraguay, en el caso Metrobús.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional resolvió solicitar una serie de informes a Petróleos Paraguayos (Petropar) y a la Procuraduría General de la República sobre el acuerdo que fue cancelado ante sospechas de un pago millonario a una firma argentina tildada “de maletín”.
La Procuraduría General de la República recupera por primera vez, a través de una acción civil planteada en el fuero penal, la suma de G. 484 millones, dinero público malversado, en la sobrefacturación de la compra de carne para las distintas dependencias de la Policía Nacional.
