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Primo de Cartes se presentó ante el Ministerio Público

Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun, quienes fueron imputados y declarados en rebeldía en el caso que investiga a Dario Messer, se presentaron este martes en la Unidad de Delitos Económicos.

Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del ex presidente de la República Horacio Cartes e Ilan Grinspun prestarán declaraciones ante los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, respectivamente, informaron desde el Ministerio Público.

El allegado del presidente y el otro imputado fueron filmados cuando quisieron efectivizar dos cheques en dólares por un millonario monto, de las cuentas de empresas vinculadas a Dario Messer, salpicado por presunto lavado de dinero.

Los imputados llegaron hasta la casa central del Banco Nacional de Fomento (BNF) con la intención de vaciar, prácticamente, la cuenta de las compañías Matrix Realty SA y Chai SA, que figuran a nombre de Messer.

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Un cajero del BNF recibió a Jiménez, quien presentó dos cheques por valor de USD 195.000 y 150.000, respectivamente, firmados en fecha del 26 de abril. El monto en moneda local totaliza G. 1.888.875.000.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fue quien decretó la orden de captura internacional contra Dario Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros –primo del presidente Horacio Cartes–, y del coprocesado Ilan Grinspun.

Lavado de dinero

La imputación, que fue presentada por el fiscal René Fernández, se da tras la investigación abierta por el informe presentado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Alega que Dario Messer y su esposa, Rosane Messer, se encuentran, a la fecha, investigados por la Justicia Federal del Brasil por supuesto lavado de dinero.

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Además, la pareja y su hijo Dan Messer fueron reportados por estar vinculados con actividades comerciales cuyos valores no eran compatibles con la capacidad financiera de cada uno.

Las operaciones se hacían a través de varias empresas o con otras personas, las que fueron imputadas también.

En total, el movimiento que tenían los imputados en las cuatro empresas, nueve estancias situadas en Paraguarí, Hernandarias y el Chaco paraguayo, era de un capital total de USD 40 millones.

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