Desde el intento de robo al Banco Nacional de Fomento en Choré en 1997, ocasión en la que fueron detenidos por primera vez Alcides Oviedo Brítez y su esposa Carmen Villalba –considerados como los fundadores de la banda–, el EPP ya mató a 13 policías, 18 civiles y ahora a un militar.
Además, el mismo grupo se adjudicó cuatro secuestros: el de Cecilia Cubas, que terminó con su asesinato; el de María Edith Bordón, el de Luis Lindstron, quien fue acribillado años después de ser liberado, y el de Fidel Zavala.
A pesar de impulsar una supuesta lucha contra la oligarquía y los latifundistas, la gran mayoría de las víctimas del EPP pertenecen a los sectores más pobres de la población: campesinos, obreros y policías de bajo rango.
El 17 de agosto pasado, tan solo dos días después de la asunción del presidente Horacio Cartes, el grupo armado marcó la agenda del Ejecutivo con uno de sus más sanguinarios golpes: la ejecución de Ramón Ayala, Catalino Ortiz, Pedro Ramírez, Jorge Rojas y el policía Feliciano Coronel en Tacuatí, San Pedro.
Esto motivó la promulgación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. La normativa posibilitó la movilización de los militares al Norte.
Sin embargo, la ley no evitó que la banda siga matando: el 1 de octubre asesinaron al oficial Solano David Burgos en un ataque a una comitiva de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, también en Tacuatí.
Además, mataron al comisario Manuel Escurra el 23 de octubre en un ataque con explosivos a patrulleras.