La dictadura se sostuvo gracias a cadenas de favores en torno a la concesión de obras públicas sobrefacturadas, la entrega irregular de tierras públicas, cupos de negocios y de tráfico ilegal de determinados bienes y hasta los territorios fueron arbitrariamente asignados para beneficiar el contrabando a policías y militares.
El negocio privado con recursos públicos no cesó luego de la caída de la dictadura. A pesar de eso, durante muchos años la mirada estuvo centrada en la corrupción relacionada con el servicio civil como los nombramientos de personas sin las capacidades necesarias o con salarios superiores a su función o competencia. En los últimos años también llamaron la atención los negocios derivados de algunas compras públicas como la alimentación escolar o la construcción de escuelas. Leche y galletas en malas condiciones o techos que se cayeron fueron la punta de lanza que desencadenó la ira ciudadana. Muchos de estos negocios son liderados por autoridades políticas y empresas locales.
Con el gran aumento de la inversión pública dirigida a fortalecer la infraestructura en el país, la corrupción ha tomado otro cariz por los grandes montos que se manejan en cada una de las obras. El problema ya no radica solo en los sobrecostos, sino que va más allá, ya que muchas de las obras se contratan sin los recaudos necesarios en materia de diseño, no cuentan con el valor público necesario para ser impulsadas y, por si fuera poco, se sobrefacturan.
Otros ejemplos son las obras de dudoso valor público como la pasarela en Ñu Guasu o el puente a Chaco’i, que serán pagados por una gran mayoría de paraguayos con beneficio para unos pocos. En el caso del puente se agrava por el monto que implica y porque el retorno será fundamentalmente privado. En el caso de la pasarela ya se conocen las proporciones de sobrecostos, mientras que en el del puente, antes de empezar la construcción ya está verificando aumentos imprevistos. No hay que olvidar que la mayoría de las obras públicas terminan costando más que el precio establecido en el contrato original, por la mala gestión.
En el caso del Metrobús y del puente estamos hablando de cifras millonarias, muy por encima de cualquier techo caído o programa de alimentación escolar.
Si bien el robo a la “cosa pública” y el consecuente hecho de corrupción no debe ser relativizado porque cualquier tipo de corrupción es ética y económicamente cuestionable, también es cierto que los montos involucrados en las diferentes formas de corrupción deben hacernos poner la atención hacia las grandes cifras, tanto por la eficiencia del sistema administrativo y de justicia como por los beneficios de su reducción y por la ejemplaridad que supone la penalización del delito.
Las cárceles llenas de pobres por delitos bagatelarios son un claro reflejo del sesgo que existe en la sociedad y en el sistema de justicia sobre el peso relativo de las diferentes formas de robo. La corrupción en el sector público a través de las grandes obras constituye hoy probablemente una de las peores formas de corrupción debido a los montos implicados.