La reglamentación se demoró, pero finalmente fue emitida el pasado 4 de agosto por parte de la Contraloría, aunque fue ignorada en la conformación del Gabinete de ministros, quienes según la reglamentación deben presentar su declaración jurada de intereses (distinta a la de bienes y rentas).
Los ministros tienen tiempo de hacer la presentación hasta 15 días después de haber asumido sus funciones.
Entre los casos más destacados de puertas giratorias se encuentran Eddie Jara, como presidente de Petropar, quien proviene de la empresa del mismo rubro, Enex; Claudia Centurión, como ministra de Obras Públicas, quien proviene de la Constructora Jiménez Gaona; y Carlos Fernández Valdovinos, como ministro de Hacienda, habiendo sido director del Banco Basa. Todas estas empresas del mismo sector empresarial, ligado al cartismo.
La ley entró en vigencia el 26 de abril pasado, pero igualmente no fue respetada.
El mayor cuestionamiento hacia las puertas giratorias es el uso de información sensible. El oficialismo se caracterizó por nombrar como ministros a los gerentes de sus empresas o a sus ex ministros como gerentes, llevando de esta manera información del Estado que es privilegiada y sensible.
El objetivo específico de la ley es prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones, durante un periodo, a las actividades profesionales de ex funcionarios en el sector privado, cuando esas tareas estén relacionadas con sus funciones durante su permanencia en el cargo público.
En su ámbito de aplicación, son alcanzados los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las secretarías ejecutivas, dependientes de la Presidencia.
Uno de los principales denunciantes de las puertas giratorias fue el ex presidente, Mario Abdo, quien acusó a Horacio Cartes de crear una cementera con información de la INC, y una empresa de estaciones de servicio con información de Petropar.
