Se trata de la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Encarnación, Nilda Concepción Benítez Caballero, quien fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el rematador público, Raúl Sosa Navarro, por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Esto, debido a que la magistrada suspendió un remate supuestamente sin motivo alguno, lo que ocasionó una deuda al rematador público de más de 20 millones de guaraníes, debido a firmar de pagarés con la editorial correspondientes para la publicación del edicto de remate.
Al respecto, Estigarribia señaló que “nosotros como profesionales y auxiliares de justicia, somos rematadores judiciales de la Corte Suprema de Justicia, con los edictos de remate firmamos pagarés en las editoriales, y con la suspensión de las subastas el único perjudicado es el rematador, en este caso la jueza Benítez Caballero no tuvo en cuenta el artículo 167 del Código de Organización Judicial que dice para suspender una subasta hay que pagar los gastos de remate”.
Además, explicó que los rematadores viven de su profesión y solo tiene ingresos cuando realizan los remates. “Nosotros como rematador no tenemos trabajo todo el tiempo, en un mes tenemos máximo uno o con suerte dos trabajos, al año llegamos por suerte a 8 o 9, y con lo hecho por la jueza Benítez Caballero nos sentimos agraviados”, sostuvo el presidente de la ARP.
Por último, recordó que otro caso que tiene a la misma jueza como protagonista fue la suspensión del juicio de remate de Banco Río contra José Luis Tosetto.
