Los proyectos que aumentan penas por invasiones de tierras, mediante la modificación del Código Penal, por ahora quedan en suspenso.
En el Senado se decidió de común acuerdo que las propuestas sean tratadas recién dentro de 8 días.
Sobre el punto, la progresista Desirée Masi refirió que se habla de 900 casos, pero que, de acuerdo al Poder Judicial, son 86, y 2 condenas; mientras que el Ministerio Público tiene 82 denuncias en total durante 8 años.
Pidió conocer cómo hace la Policía sus estadísticas, o si en vez de acudir a organismos judiciales, directamente se recurre a la fuerza policial.
La senadora colorada Lilian Samaniego fue la que solicitó la postergación de los polémicos proyectos, que dividen marcadamente las posturas en la Cámara Alta.
Fidel Zavala, de Patria Querida, intervino para manifestar que está a favor de que se postergue, pero por 8 días.
Habló de unas 970 ocupaciones en Cordillera, Central, Asunción y la zona rural.
Insistió en el derecho a la propiedad privada, y que existen ámbitos jurisdiccionales para dirimir estos casos.
“Agradezco que se haya postergado. Tenemos que tener bien claros cuáles son las cifras”, refirió Masi.
“Me interesa que sepamos más allá de las estadísticas la magnitud de la problemática. Se habla de 900”, indicó sobre las ocupaciones.
“Hay que ver la cantidad de causas penales de la fuente que corresponde, que es el Poder Judicial; recurrir a los órganos correspondientes”, sentenció la senadora.
En ese contexto, mencionó los datos a los que accedió, tanto del Poder Judicial, como del Ministerio Público.
“Vamos a ver qué pasa, quién está recurriendo a la Policía, sin recurrir a los organismos”, reclamó.
“No estoy juzgando. Les pongo los datos oficiales. Hay una diferencia abismal, de los 82 casos y de 900 que habla la Policía”, cuestionó.
“Desde la bancada, vamos a pedir a la Policía que pase los datos. No que haga levantamiento de los asentamientos”, increpó.
“Hay que construir más puentes y derribar tantas murallas”, fue su sugerencia.
Varios gremios habían acercado su nota de apoyo a los proyectos de ley, condenando las ocupaciones, y acusando a sectores políticos que estarían detrás de estas acciones.
