Editorial

Positivo freno a aumentos populistas en año electoral

Una serie de proyectos de aumentos salariales en plena época electoral han puesto prácticamente en jaque al Presupuesto General de la Nación 2023. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo ha vetado todos ellos, que sumados suponían aproximadamente un monto de USD 1.000 millones, prácticamente un 10% del total del PGN. No se trata solo de una cifra impensable para un Estado con un presupuesto deficitario, sino que el país cuenta con otras prioridades urgentes en campos sensibles como salud pública, educación y seguridad.

Se entiende que el Gobierno debe ahorrar en los tiempos de crisis. Pero esto no debe ser asumido como una cuestión excepcional sino debe ser la norma. Una norma que debería ser asumida por todas las instituciones del Gobierno y todos sus estamentos.

En el transcurso de este año se han ido planteando varios proyectos que fueron un descarado intento de incluir aumentazos de salarios que iban sin lugar a dudas a poner en un serio aprieto al Presupuesto General de la Nación para el año 2023. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo los ha vetado y ha frenado de esta manera el intento de conceder esos aumentos y pagos en pleno periodo electoral.

Uno de estos proyectos implicaba el aumento para funcionarios del Congreso Nacional, por un monto de 1,8 millones de dólares. Otro de ellos consistía en fondos para remuneraciones, bonificaciones y contrataciones para la Contraloría General de la República por USD 1,6 millones.

Asimismo, se habían planteado incrementos salariales a beneficio de camaristas, jueces, actuarios, ujieres y demás funcionarios judiciales. La Corte Suprema de Justicia solicitó reajustes salariales para la mayoría de los cargos jurisdiccionales, que iban del 7 al 143%. El monto total orillaba los USD 1,3 millones.

Especial mención se merece el proyecto de ley que buscaba compensar a ex trabajadores que construyeron la Itaipú Binacional. Cuando a fines del mes de agosto el bloque cartista, con votos liberales, logró que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que pretendía compensar a ex trabajadores de las ex empresas contratistas de la Itaipú. De no haber sido vetada aquella ley por parte del Poder Ejecutivo, unos 15.000 ex trabajadores habrían sido indemnizados por un monto que alcanzaría unos 940 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda había planteado el tratamiento de un proyecto de ley que busca frenar el aumento del gasto salarial y cambios al sistema tributario en años electorales. La entidad que lidera el Equipo Económico señalaba que, si se sigue aumentando el gasto y al mismo tiempo no se generan nuevos ingresos se generará un peligroso desequilibrio financiero que hará imposible al Tesoro poder cumplir con el Presupuesto Público. El reclamo es absolutamente razonable. Se debían considerar diversas situaciones, además de la frágil situación económica por la que atravesamos como país como consecuencia de la pandemia, y la incierta coyuntura internacional debido a la guerra en Ucrania, sumados todo a la tremenda sequía.

Es inaceptable que los políticos sigan jugando con el Presupuesto Público, y particularmente que lo hagan, como ya es una muy mala costumbre, en años electorales, buscando de esta manera de forma alevosa perpetuarse en el cargo, comprometiendo votos, con la segura financiación del Presupuesto de Gastos de la Nación.

Es necesario confrontar a los parlamentarios que de manera desleal buscan beneficiar a su electorado cautivo, en desmedro de la mayoría de la población. Con su arbitrariedad castigan a la ciudadanía que asume con sus escasas posibilidades la crisis económica y la inflación. Y, mientras prometen aumentazos a funcionarios públicos, los trabajadores que ganan un salario mínimo reciben un ajuste de apenas 260.000 guaraníes.

Poner freno a los intentos populistas de cada año electoral debe ser una norma, para proteger el Presupuesto, pero además por una cuestión de ética y compromiso con la ciudadanía que sostiene la pesada carga del Estado.

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