Édgar Medina
CIUDAD DEL ESTE
El diputado liberal Carlos Portillo afirmó ayer que no renunciará a la Cámara Baja, a pesar de las manifestaciones ciudadanas en las que se pide su cabeza por el supuesto hecho de tráfico de influencias en el ámbito judicial.
El legislador sostiene que está abierto a la investigación y que su caso se va a dilucidar en la Justicia ordinaria.
Los manifestantes están en su derecho a realizar todas las manifestaciones, pero no deben pretender torcer la voluntad popular de las casi 80.000 personas que le votaron, de acuerdo con su versión.
“No existe tráfico de influencia y no amerita, bajo ningún sentido; eso se va a dilucidar y discutir en el ámbito judicial. No voy a renunciar, porque no corresponde. No puedo defraudarles a las 80.000 personas que me han votado en las elecciones generales hace unos poquitos meses”, aseguró el legislador en conferencia de prensa.
“Yo estoy muy tranquilo. Los manifestantes tienen derecho constitucionalmente, toda vez que sean pacíficas. A mí eso no me preocupa. Mi tema judicial está en el ámbito judicial, no estoy huyendo de la Justicia, estoy a disposición para todo lo que hubiere lugar. Yo mismo he solicitado mi desafuero y mi caso se va a dilucidar en Alto Paraná. Voy a demostrar en el transcurso del proceso mi inocencia”, expresó.
Como una especie de respuesta a las movilizaciones ciudadanas realizadas frente al departamento del edificio Aurora, de la capital, por parte de un grupo ciudadano que le exige la renuncia, los seguidores de Portillo se reunieron ayer en su domicilio, ubicado en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, para llevarle su apoyo.
Portillo relató que fue funcionario judicial durante siete años, luego concejal de Ciudad del Este durante cinco años y posteriormente legislador, actualmente en su segundo periodo. “Todo lo que tengo es por mi trabajo, no tengo cuenta bancaria, solo deuda pueden encontrar a mi nombre”, refirió. “Me pueden investigar por empobrecimiento ilegítimo”, remarcó en su defensa.
El diputado fue involucrado en un supuesto caso de tráfico de influencias en los casos judiciales de un paquete de más de 100 audios filtrados a la prensa y que fueron publicados en noviembre de 2017.
