Los adultos mayores, que hemos vivido décadas de incertidumbre, de persecuciones, de arbitrariedades en la política y en la economía, no registramos una situación tan angustiosa como la que ha traído la pandemia. En columnas anteriores, he consignado el manejo caótico de la emergencia sanitaria, la corrupción enquistada en el sector público durante décadas, inclusive la complicidad de empresas proveedoras que lucran con la urgencia.
En estos días iniciales del 2021, prefiero rescatar un moderado optimismo, si bien en el mundo se asiste a un rebrote del Covid-19 en los países más avanzados, con nuevas cepas más contagiosas del virus. En nuestro país recién se está empezando a encarar la importación de las vacunas rusas, al mismo tiempo que se solicita a Argentina y Brasil la provisión sin costo de las mismas, lo que refleja una actitud casi mendicante.
El nuevo año nos depara incógnitas imposibles de discernir en este momento. Cabe preguntarse si la desidia del Gobierno y la incoherencia de los partidos de oposición pueden arrojar alguna esperanza de un mejor futuro para el país.
En el ámbito empresarial, estamos preocupados por el impacto que la pandemia ha dejado en la economía, y cuyo efecto perdurará por lo menos durante todo este año.
Es importante que las regulaciones que se impongan a las empresas desde el sector público, lo sean de manera consensuada y equilibrada. La responsabilidad social empresarial, que promovemos desde ADEC, nos pide colaborar con la gestión gubernamental en todo aquello que contribuya al bien común.
Es oportuno plantear una instancia de participación de gremios empresariales, de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de sindicatos, organizaciones no gubernamentales y de representantes de las diversas iglesias, para consensuar e impulsar las soluciones a desafíos que enfrentamos como país. La política y la economía representan el núcleo duro de lo que debemos cambiar, y la educación y la cultura tienen un rol más relevante y duradero a largo plazo.
Aunque sea reiterativo, es necesario recordar que el intento de reforma del Estado, con la consiguiente y necesaria reducción del gasto público, quedó en la nada, eclipsada por las medidas vinculadas a la pandemia. Pero justamente, la emergencia sanitaria desnudó, una vez más, la corrupción de un sistema de compras y contrataciones públicas que atravesó, en más de 3 décadas, todos los gobiernos nacionales, departamentales y municipales de la era democrática, y que no resiste más la inmoralidad de los representantes políticos.
