Según explicó, en el establecimiento penitenciario no existe guardia interna, por lo que los presos luchan por sus vidas. Alega que no tienen agua, alimentos, no reciben atención médica de parte del Estado paraguayo.
Remarcó que si bien la intervención policial-militar se realizó el 18 de diciembre pasado, a la fecha, a 20 días, aún siguen en las mismas condiciones, sin que exista un plan de contingencia.
Es más, aseguró que la muerte en el incendio en Tacumbú días pasados, se dio por un asalto que tuvieron, ya que tienen hambre. A esto se suma que los adictos, al no recibir lo que consumen, están en pleno periodo de abstinencia y sin contención, con lo que son sumamente violentos.
Con ello, Talavera explicó que habrá más muertos, por lo que solicitó a la CIDH, la aplicación de medidas cautelares para que los internos por lo menos tengan un trato humano.
LO BÁSICO. Manifestó que pidió la Comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se asegure a los internos que quedaron en el principal reclusorio de la República, por lo menos agua, alimento, atención médica y que se les garantice la vida y la integridad física.
Dijo que los mismos no reciben la visita de sus abogados, tampoco tienen acceso a sus respectivos procesos.
La abogada informó que el viernes los presos recibieron la visita de los jueces de Ejecución, pero espera más acciones del Estado.
Indicó que en su pedido ante la CIDH, hizo un relato general de la intervención hecha en Tacumbú de los policías y militares. También de las condiciones en las que fueron trasladados, algunos de ellos totalmente desnudos, como el caso de un ciudadano boliviano.
Acotó que la brutalidad policial continuó luego de que los presos hayan sido sometidos. Dijo que fue todo un calvario conocer dónde fueron llevados los internos tras ser derivados a otros penales.
INFORME. Sostuvo que la CIDH solicitará informes al Estado paraguayo acerca de las condiciones en que se encuentran los reclusos en el penal de Tacumbú, tras el pedido de medidas cautelares.
La petición se realizó el 28 de diciembre del 2023, bajo el número MC 1.163, según el formulario que fue enviado a la Comisión con sede en la ciudad de Washington DC, en los Estados Unidos.
En caso de admitir la petición, la CIDH podría disponer que el Estado cumpla con proveer a los internos de estas necesidades básicas para asegurar la vida y la integridad física de los recluidos.
