Si antes de la pandemia el transporte público ya era deplorable, actualmente constituye un alto riesgo para la salud de las personas y, por ende, para la salud pública. Es inimaginable que en medio de la peor pandemia del siglo la gente viaje apiñada por culpa de una acción irresponsable de un sector que más que llamarse empresarios son delincuentes porque nunca cumplieron ninguna de las normas vigentes.
Las fiscalizaciones realizadas por las autoridades laborales o de la seguridad social siempre encontraron problemas, lo cual no era un secreto, ya que los mismos choferes permanentemente denunciaban el incumplimiento de sus derechos laborales.
Las reguladas y el incumplimiento de los horarios y frecuencias tampoco son problemas recientes. La ciudadanía siempre ha manifestado su malestar, ya que no solo afectan a los horarios o a la puntualidad, sino también a la inseguridad.
Al no existir previsibilidad, la espera en las paradas se extiende y, por añadidura, también la probabilidad de que asaltantes y motochorros hagan de las suyas en contra de las personas que aguardan las unidades en calles mal iluminadas y sin lugares donde resguardarse.
Hay serias dudas de que se cumplan con los requisitos derivados de los subsidios. El Gobierno nunca mostró evaluaciones sobre el uso de estos recursos. La entrega de los mismos estaba supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones; sin embargo, no se sabe de registros, fiscalizaciones, controles u otras acciones que permitan conocer a ciencia cierta el resultado de la política.
El Ministerio de Hacienda anunció durante años su deseo de mejorar la calidad del gasto. Dada la relevancia del transporte público para la calidad de vida y la productividad económica, uno de los ámbitos cuyo gasto público debe evaluarse es este.
La implementación del billetaje electrónico es una valiosísima fuente de información que debe ser utilizada para analizar la demanda del servicio.
El Poder Ejecutivo tiene la información necesaria para analizar costos y desempeño del servicio. Pero ello requiere ponerse del lado de la ciudadanía y asumir el rol que le corresponde.
Los parlamentarios deben con urgencia cambiar las leyes que sean necesarias para garantizar que los transportistas que no responden a las normas y atentan contra los derechos ciudadanos sean castigados.
Si es necesario, deben revocarse todas las licencias de itinerario para con ello dar una señal inequívoca de que los derechos de la ciudadanía deben estar por encima de cualquier otro objetivo.
El servicio de transporte público tiene la misma relevancia que otros servicios como los de salud y educación. El Gobierno debe ser capaz de liderar la drástica transformación que está exigiendo la ciudadanía.
