La llegada del Covid-19 nos encontró con un importante déficit fiscal, al que se agregó un histórico abandono del sistema de Salud y de protección social, políticas fundamentales para prevenir y atender las consecuencias del contagio masivo. De acuerdo con los datos oficiales divulgados por el Ministerio de Hacienda, el pasivo paraguayo pasó de los USD 9.606,2 millones al cierre del primer trimestre del 2020 a USD 13.032,6 millones al término de abril de este año.
Si se tiene en cuenta que han pasado 459 días desde que llegó el coronavirus al Paraguay, esto significa que el Estado tomó USD 7,5 millones de deuda de forma diaria para financiar las medidas de contención sanitaria, de apoyo a la economía y de reactivación. A pesar de la situación, el Ministerio de Hacienda continúa sin plantear soluciones estructurales a la deuda de manera a garantizar no solo los recursos para pagar la misma, sino también para reducir la ineficiencia pública.
Bien sabemos que con un sistema tributario que recauda poco y de manera injusta, el peso del endeudamiento caerá finalmente entre quienes más sufrieron los efectos de la pandemia. Mientras tanto, sectores que se beneficiaron con el crecimiento económico de las últimas décadas y que no solo no fueron afectados por el Covid-19 sino que siguieron con buen desempeño y en algunos casos se beneficiaron, continuarán aportando menos que los demás en términos proporcionales.
Las tendencias demográficas y los plazos de la deuda indican que quienes tendrán que asumir los compromisos del endeudamiento anterior a la pandemia y durante esta serán los actuales niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es decir, van a tener que pagar la deuda personas adultas en quienes el país no invirtió en capital humano en su momento. Mientras algunas autoridades se vanaglorian de tener un país barato en impuestos y las élites disfrutan de este privilegio, resulta que hipotecamos la vida de los que van a tener que asumir las consecuencias de una política económica –tributaria y de endeudamiento– totalmente injusta.
El endeudamiento no es nuevo. Estamos viendo las consecuencias desastrosas de una pésima administración de los recursos. Proyectos mal diseñados y sin valor público, seleccionados priorizando el beneficio privado más que el bien común, con un mal manejo de contratos y con deficiencias en su implementación.
Estamos siendo testigos de implementación de obras viales que no se requieren y, lo que es peor, ya empezamos también a ver las consecuencias de la mala gestión pública con el Metrobús inutilizado y un puente caído. Actualmente ya no son pequeños techos los que se caen, ya empezaron tempranamente a caerse puentes. Con estas proyecciones, una parte importante de la deuda contraída para financiar las obras públicas serán pagadas por una generación que no verá los beneficios de estos fondos, ni en la acumulación de su propio capital humano ni en obras públicas. No podemos seguir así. Las autoridades fiscales deben ejercer las funciones para las que asumieron sus cargos y parar el endeudamiento descontrolado, el mal uso de fondos en la inversión física y generar recursos genuinos para financiar no solo la deuda sino también las obras que requiere el país.
