La propuesta reconoce beneficios laborales a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación, de Itaipú margen derecha. El proyecto señala que una de las finalidades “es la elaboración de un marco jurídico apropiado de manera a promover y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales”.
En más de una ocasión, el director paraguayo de la IB, embajador Manuel María Cáceres, se manifestó en contra de la propuesta y advirtió que “pone en riesgo la seguridad jurídica del país y viola los principios jurídicos que rigen el Estado de derecho”. “Nos preocupa la retroactividad y el impacto que pueda tener esta ley y, sobre todo, cuando hay cosa juzgada. La seguridad jurídica implica cumplir y respetar las leyes”, había señalado.
Explicó que los reclamantes utilizaron como ejemplo los pagos que se habían hecho en Brasil, pero aclaró que el país vecino “nunca abonó compensación alguna a obreros tercerizados, sino que siempre han sido pagos a empleados de Itaipú”.