“Un proceso de producción agrícola no se puede cortar, se causaría un perjuicio enorme e irreversible”, indicó el abogado en visita a la Redacción de ÚH.
“Esto no se puede prohibir de un día para otro, podemos discutir sobre la propiedad, pero no podemos cortar una producción ya iniciada, debemos zanjar una solución”, agregó Zacarías.
EL CASO. En el año 1985, el directorio del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) gestionó la compra de 6.000 hectáreas de la finca Nº 5400 de la compañía Jesús y Trinidad, hoy Tavaí y San Cristóbal, Alto Paraná, pertenecientes a Agropeco SA.
El IBR pagó en su totalidad por unas 2.000 hectáreas que posteriormente le fueron transferidas. Pero no ocurrió lo mismo con las 4.000 hectáreas restantes por las que el ente pagó apenas el 30% del costo total.
A pesar de esta situación, se expidieron títulos sobre las tierras durante toda la década de los 80, 90 y los años 2000, aproximadamente hasta el 2006.
Según el Indert, tras el pago del 30% del costo total, la propiedad debía ser transferida por la firma.
En marzo del 2014 se firmó un acuerdo con la agropecuaria, que cedía y transfería 1.509 hectáreas. Con este pacto, la firma podía disponer a su arbitrio de las demás 3.000 hectáreas.
El acuerdo fue rechazado en mayo de ese mismo año por la Junta Consultiva y de Control de Gestión del Indert, con base en títulos del IBR que aparecieron y de los cuales no se tenía conocimiento.
Agropeco SA, reconociendo la transacción que no llegó a término porque esta no cumplió su parte de transferir la propiedad al pago del 30%, depositó en la cuenta del Indert en el BNF la suma de G. 40.000.000, que el IBR le había abonado; es decir, devolvió el dinero al valor nominal del año 1985.
Hoy, la medida cautelar de no innovar fue concedida a favor de la firma Cardenales SA. Esta empresa, que según los colonos de María Auxiliadora es fantasma, aparece en los documentos a nombre de Carlo Sama, un potentado empresario italiano, que curiosamente también es dueño de la firma Agropeco.
“Es el único sustento de los agricultores y hay varios compromisos a proveedores, bancos, cooperativas (...)”, manifestó el letrado, quien visitó la Redacción acompañado de algunos colonos afectados por esta situación.