En el caso ante las juezas de Crimen Organizado, Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planás, se les acusa por presunto cohecho pasivo agravado, liberación de presos y frustración a la persecución y ejecución penal.
El hecho fue descubierto durante el motín que se registró en el Penal Regional de San Pedro en junio del 2019, que costó la vida a unos diez reclusos, entre ellos, varios que fueron decapitados.
Supuestamente, Quintana ex director del Penal de San Pedro, había permitido que los reclusos sean ubicados en un inmueble construido fuera del penal y con dinero de los narcotraficantes, en forma irregular; reclusos condenados a altas penas por narcotráfico, Tranquilino Giménez y Víctor Brítez Aranda.
En el caso del juez, concedió beneficios a los reclusos sin que se dieran los presupuestos, conforme se pudo constatar en la auditoría de gestión jurisdiccional que se realizó en las distintas causas. Los reclusos se alojaban en la Granja Vip, que se denominada El Porvenir, que estaba detrás de la cárcel de San Pedro, fuera del perímetro de seguridad de los narcos.
Además de las condenas, la fiscala también solicitó el comiso del inmueble y de los muebles que habían dentro.
La granja actualmente es custodiada por los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta que resguardan el penal. El juicio oral seguirá la próxima semana, donde deberán dar sus alegatos los abogados defensores de los acusados. Probablemente, ya se dará una sentencia.
