Sucesos

Piden juicio oral para Noyme Yore y Fatecha, y desafuero de diputado

Además fueron acusadas otras 13 personas por el delito de lesión de confianza por la sobrefacturación en la construcción de obras en distintos departamentos del país, que eran para sedes de las filiales de la Defensa Pública. El hecho causó un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979.

La fiscala anticorrupción Victoria Acuña acusó a la ex titular del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) Noyme Yore Ismael, al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y ex asesor financiero del MDP Germán Domingo Fatecha Feliú, al diputado liberal Teófilo Espínola Peralta por la sobrefacturación en la construcción de varias oficinas de dicha institución. El hecho causó un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979.

Además fueron acusados también por el hecho punible de lesión de confianza Carlos Francisco Barreto Burgos, Eulalio Quintana Armoa, Darío Amarilla Villalba, Vicente José Giardina Barreto, Hugo Manuel Benítez González, Néstor Daniel Villalba Mendoza, Adolfo Ortega, Esteban Daniel Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López Martínez, Mario Javier Villalba Benítez, Aldo Hernán Delgado Machuca y Rodrigo Manuel Rotela Núñez. Estos ocupaban altos cargos en la Defensa Pública.

Asimismo, la representante del Ministerio Público pidió al juez penal de Garantías Paublino Escobar que los acusados afronten juicio oral y público.

El magistrado mencionó que la audiencia preliminar será solo para 13 acusados, esto teniendo en cuenta que tanto Yore como Fatecha plantearon incidentes dilatorios, que aún no fueron resueltos. En cuanto el parlamentario del PLRA, electo por el Departamento de Canindeyú, deberá primeramente ser desaforado.

Aunque mencionó que se encuentra analizando qué medidas tomar, teniendo en cuenta que el mismo ya fue sometido a proceso antes de ser elegido como legislador.

Escobar aún no fijó fecha para la audiencia.

el caso. La conducta atribuida a Yore consiste en que firmó los contratos 52/2013, 55/2013, 34/2014, 61/2014, 65/2014, 77/2014 con las empresas respectivas y pagó a las mismas en concepto de anticipo financiero y ejecución de obras; sin embargo, los contratistas no realizaron las obras y la defensora resolvió rescindir los contratos por incumplimiento atribuido a las empresas contratadas, según antecedentes del caso.

Las sedes debían construirse en las ciudades de San Juan Bautista, Caacupé, Horqueta, Pedro Juan Caballero y San Estanislao. Solo algunas fueron hechas.

Además el escrito de acusación refiere que la ex defensora general no ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento a las firmas infractoras, generando de esa manera dicho perjuicio patrimonial.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra indagando otra causa por una supuesta sobrefacturación en el pago de alquileres para sedes de la Defensa Pública.

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