Además, el representante del Ministerio Público solicitó que el caso sea elevado a juicio oral.
Según la investigación fiscal, los acusados por la venta de entradas no auténticas lograron obtener un beneficio económico de aproximadamente G. 562.992.407. De acuerdo con las investigaciones, la cifra de estafados oscila entre 2.000 y 5.000 personas.
“Según el órgano investigador, los imputados se habrían beneficiado con sumas de dinero provenientes de un hecho ilícito”, reza parte del dictamen del magistrado. Los jóvenes guardan arresto domiciliario, que había sido otorgado por el magistrado Raúl Florentín, mientras dure el proceso en su contra.
La causa se inició a mediados del mes pasado con denuncias de las empresas G5 Pro y Ticketea. A través de sus redes sociales, desde estas firmas advertían a los clientes sobre supuestas personas inescrupulosas que ofrecían entradas de reventa ya sea en el formato impreso o en el digital.
