GINEBRA-SUIZA
Los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones requieren una implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI) para identificar a los culpables y otorgar Justicia a las víctimas, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En su segundo informe a distancia –las autoridades le deniegan el acceso al país– sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, presentado ayer, el organismo denuncia cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad. “Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia”, afirmó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein.
En febrero de este año, la fiscala de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para analizar los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas y la agitación política de abril a julio del 2017.
La Oficina ya entregó a la CPI el informe que realizó sobre las protestas y en breve entregará el presentado ayer y, en función de acuerdos preestablecidos, dará más información y contactos si así le fuera requerido.
“Nuestras investigaciones muestran ciertos patrones de violaciones a los derechos humanos que en algunos casos, como las detenciones arbitrarias o casos de torturas, fueron sistemáticas y que se repiten en varias partes del país, no son hechos aislados. Y esto puede sentar las bases para las investigaciones que la Corte Penal está haciendo”, afirmó en declaraciones Carlos de la Torre.
El investigador agregó que otra revelación clara del estudio fue la “falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de violaciones y la CPI es un órgano que puede actuar si las víctimas no acceden a la Justicia del propio país”, completó De la Torre.
Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
