19 abr. 2024

Piden evaluación psiquiátrica a jueza de Paz por maltrato a funcionarios

Actuarios se niegan a trabajar con la jueza Nora Ramírez, titular del Juzgado de Paz de Curuguaty. El Consejo de la circunscripción de Canindeyú pidió a la Superintendencia que un psiquiatra vea a la jueza.

El funcionario Mario Páez, a la vuelta de vacaciones, no pudo ingresar al juzgado.jpg

Cerrado. El funcionario Mario Páez, a la vuelta de vacaciones, no pudo ingresar al juzgado.

Por Elías Cabral

CURUGUATY

Funcionarios del Juzgado de Paz de Curuguaty están en pie de guerra contra la jueza Nora Elizabeth Ramírez Fernández y este clima de conflicto generado en torno a la magistrada obligó al presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción de Canindeyú, el magistrado Benito González, solicitar al Consejo de Superintendencia del Poder Judicial evaluación psiquiátrica para Ramírez.

A través de una nota, González puso a conocimiento de esta instancia la preocupante situación de permanente conflicto que mantiene la jueza Ramírez con su asistente Mario Páez y con casi todos los funcionarios de la institución.

En el escrito se informa que ante las reiteradas ausencias injustificadas de la magistrada, el Consejo Administrativo de la circunscripción se constituyó hasta el Juzgado de Paz de Curuguaty a fin de exhortar a la magistrada que cumpla con sus funciones con mayor responsabilidad, poniendo a su conocimiento las innumerables quejas de abogados como también de particulares.

La nota aclara que luego de dicha reunión la jueza Nora Ramírez expulsó al funcionario Mario Páez, acusándolo de ser él quien informó sobre sus reiteradas ausencias y retuvo los sellos, llaves, expedientes y documentos personales del secretario. Luego se le llamó a la jueza para que deje ingresar al funcionario en su oficina y ante la rotunda negativa de Ramírez se le concedió vacaciones al funcionario, mientras se soluciona el conflicto.

Nadie quiere trabajar con la magistrada. En ese lapso se comisionó a la funcionaria Patricia Lagraña, actuaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Curuguaty, a interinar la secretaría del Juzgado de Paz, pero al día siguiente ya presentó una nota pidiendo que se deje sin efecto su comisionamiento, ya que era muy maltratada por la jueza Nora Ramírez. Se le solicitó colaboración y continuó Lagraña, pero al siguiente día volvió a volvió a pedir que sea apartada por maltratos constantes de la magistrada.

Recurrieron a Delia Raquel Cáceres, actuaria del Juzgado Penal de la Adolescencia, pero ella se negó rotundamente, porque su jefa, la jueza Yanine Ríos, tiene serios inconvenientes con Ramírez; se vio, entonces, a la escribana Leli Ocampos, actuaria del Juzgado de Paz de Yasy Kañy, para interinar el cargo de Páez, y ella también se negó rotundamente, alegando maltratos sufridos anteriormente.

Por último, y ya no habiendo opciones, se recurrió al secretario del Juzgado de Paz de Villa Ygatimí, Hernán Javier Rolón Estigarribia; el mismo aceptó interinar, pero en este caso, la misma jueza fue quien lo rechazó, argumentando que Rolón es un ignorante.

El presidente del Consejo de Administración informó que no habiendo más opciones, se dejó vacante la secretaría del Juzgado de Paz de Curuguaty, pero a la vuelta de sus vacaciones, el funcionario Mario Páez se encontró con la puerta de acceso cerrada con llave, no permitiéndole la jueza el ingreso al recinto judicial, situación desagradable que fue ampliamente publicada por medios de comunicación.

La nota a la Superintendencia manifiesta además que el Colegio de Abogados había solicitado el traslado de la jueza de Paz y que los funcionarios de la circunscripción se manifestaron a favor de Mario Páez, exigiendo pronta solución y que ya no siga sufriendo maltratos por parte de dicha magistrada.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.