Editorial

PGN20 sin cambios estructurales es una oportunidad desperdiciada

El proyecto de Presupuesto 2020, al parecer, va con los mismos problemas que los años anteriores acentuados por la persistencia del déficit fiscal y la necesidad de un mayor endeudamiento. El Gobierno había prometido atender las críticas relacionadas con la calidad del gasto; sin embargo, la propuesta enviada al Parlamento, la primera de esta gestión de gobierno, no muestra cambios significativos ni dio pasos iniciales que permitan vislumbrar transformaciones en los próximos años. Esperemos que el Gobierno sea capaz de diseñar un plan de racionalización, consensuado con la ciudadanía y los demás actores económicos.

Muchos son los desafíos que enfrenta el Presupuesto para mejorar la calidad del gasto. Dado el peso que tiene el pago de salarios y los beneficios que tienen los funcionarios públicos, la racionalización del gasto en servicios personales constituye un objetivo ineludible, no solo para garantizar mejores resultados en las políticas sino también el bienestar de este segmento poblacional.

En primer lugar es necesario alinear los salarios, los beneficios y los incentivos a las competencias, responsabilidades y resultados. La carrera del servicio civil –acceso, permanencia y movilidad– debe dejar de depender de políticos y componendas sectoriales. En segundo lugar todos los funcionarios tienen derecho a las prestaciones que hacen a un trabajo decente, especialmente las relativas a la seguridad social.

Sin embargo, el Presupuesto así como está no cumple con ninguno de los dos aspectos. Instituciones, funcionarios y políticos con privilegios que se manifiestan en múltiples aguinaldos, viajes y viáticos sin ajustarse a los objetivos institucionales. Solo bastan dos ejemplos publicados este año. Una funcionaria que para una capacitación técnica de un mes en el exterior llevó un viático equivalente a un becario de maestría de un año. Un senador que hizo un curso para su beneficio particular de unos días en el exterior con un costo equivalente a la transferencia de Tekoporã a más de 15 familias por todo un año.

Situación similar pasa con los seguros médicos vip, que en lugar de fortalecer al Instituto de Previsión Social y garantizar el derecho a la salud a lo largo de todo el ciclo de vida, financia seguros privados que se acaban cuando el funcionario se retira de la función pública quedando a cargo de la salud pública en la vejez sin haber contribuido.

Otros gastos que deben revisarse son los relacionados con las obras públicas, desde los techos de las escuelas hasta los costos de la infraestructura vial y el cumplimiento de los contratos. Un ejemplo es el Metrobús, cuya pérdida es equivalente a varios programas de salud. Esto sin considerar las pérdidas derivadas de obras que deberían haber durado 10 años, pero a los 5 años ya mostraron problemas.

Las compras públicas de otros bienes y servicios también deben ser evaluadas, sobre todo aquellas que impactan de manera directa en la población. El programa de alimentación escolar cuyos costo y calidad siempre están en entredicho, a la vez que se deja de utilizar el mecanismo de compras de la agricultura familiar con costos más bajos y que paralelamente le daría fuerza al sector.

Una parte importante de estos problemas se resuelve mejorando procesos institucionales y el diseño de los programas. Pero otra parte de la solución requiere superar relaciones prebendarias políticas y económicas. En los dos casos se requiere un pacto que permita una transición, que será conflictiva ya que implica reducir privilegios.

En este proceso será de gran relevancia informar a la ciudadanía. El diálogo con quienes se beneficiarán con estos cambios dará el sustento y el apoyo político para un pacto de amplio alcance y de largo plazo. Esperemos que lo que resta del 2019 y el inicio de 2020 sea utilizado por el Gobierno para diseñar un plan de racionalización 2021-2023 y consensuarlo con la ciudadanía y los demás actores económicos.

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