La administración de Patricia Samudio decidió pagar el pasado viernes 6 de diciembre la “gratificación”, que es conocida como “doble aguinaldo” y que determinó una importante erogación de recursos de la empresa, que arrastra un pasivo de más de trescientos millones de dólares solo con la venezolana Pdvsa y que aún sigue en litigio de pago.
En principio, solo se cuentan con informaciones extraoficiales, ante la decisión de los responsables de la empresa de no dar todos los datos precisos sobre el monto desembolsado para el pago y el número de funcionarios beneficiados. De acuerdo con datos extraoficiales, el monto desembolsado habría superado los tres mil millones de guaraníes.
NADA. Pese a haber solicitado reiteradamente los datos concretos, Petropar envió a este diario un escrito donde se limita solo a decir que el pago obedece a un pedido de los distintos gremios sindicales de la empresa, en cumplimiento de los beneficios estipulados en los contratos colectivos de condiciones de trabajo. También que es obligación por ley el cumplimiento de las disposiciones.
Ante la falta de informes oficiales requeridos sobre el millonario beneficio abonado por la empresa, que también fue blanco de denuncias por la contratación de “asesores” con sueldos millonarios, averiguaciones realizadas dieron cuenta de que se pagó el 50% del sueldo a cada funcionario permanente y 40% a los contratados.
Según sus registros, la estatal tiene gastos rígidos de más de seis mil millones de guaraníes por mes en materia salarial. Los funcionarios de la empresa, que en su historial arrastra escándalos de denuncias de corrupción, se constituyen en grandes beneficiados respecto al trabajador común, a través de una serie de beneficios establecidos por contratos colectivos. Los empleados de Petropar perciben, aparte del sueldo, bonificaciones por responsabilidad en el cargo, peligrosidad, bonificación por grado académico, pago por antigüedad, ayuda escolar, fondo vacacional y asignación familiar, de acuerdo con datos de la web.
A esto se suma la vigencia de un hecho irregular advertido varias veces por la Contraloría General de la República, de que la empresa le paga el cien por ciento de la jubilación de cada funcionario al Instituto de Previsión Social. Por ley, todos los trabajadores del sector privado deben abonar el 9 por ciento de su salario para su jubilación y la otra parte abona la patronal.
