Opinión

Perlas de la contrarreforma agraria

Por Alfredo Boccia Paz - galiboc@tigo.com.py

A Fernando Lugo se le ha criticado por no cumplir su promesa de impulsar una reforma agraria. La lentitud de los cambios fue la característica de sus cuatro años de gobierno. La desigualdad en el campo siguió, hasta que explotó en Curuguaty.

En menos de un mes la conducción de Federico Franco ha dado muestras de tener una hoja de ruta y la decisión de cumplirla a rajatabla. Lo notable es que apunta en dirección exactamente contraria. Veamos las primeras perlas de esta verdadera contrarreforma.

Franco prometió atender el pedido del gremio sojero de que se derogue la franja de seguridad fronteriza. Se trata de una ley que prohíbe que un extranjero sea propietario de tierras ubicadas a menos de cincuenta kilómetros de la frontera. Todos los países de la región tienen leyes similares. La del Paraguay ni siquiera afecta a aquellos asentados antes de 2005, pero los sojeros argumentan que solo sirve para propiciar ocupaciones de campesinos "sin tierra".

El Senave, organismo estatal que controla la calidad de las semillas, habilitó una variedad de algodón transgénico de la multinacional Montsanto que la administración anterior había rechazado. Se anuncia una desrregulación de las fumigaciones.

Nada sorprendente, pues las gallinas están al cuidado del zorro. El nuevo jefe del Senave es accionista de Pacific Agrosciences, una empresa dedicada a la venta de agroquímicos, situación incompatible con su cargo.

Franco solicitará una ley que permita la venta a precio de mercado de las tierras destinadas a la reforma agraria. Sostuvo que "los ricos deben pagar dicho precio para que el Estado pueda favorecer a los pobres". Solo que los pobres se quedarán sin tierras estatales donde producir alimentos y el Indert se convertirá en una simple inmobiliaria.

De hecho, el Indert ya ha anunciado que dejó sin efecto la mensura judicial de las tierras de Ñacunday. Es decir, el Gobierno renunció a aclarar la situación real de 257.000 hectáreas. Como tampoco existe la intención de gravar con impuestos al agronegocio, se puede asegurar que caminamos hacia una mayor concentración de la tenencia de la tierra. El Estado renuncia a limitar los abusos de un modelo productivo que excluye a la enorme mayoría campesina.

Si por no hacer la reforma, explotó Curuguaty, ¿qué podrá ocurrir si avanza esta contrarreforma?

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