La conocida frase de Francisco de Quevedo “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, tristemente resulta apropiada para las víctimas seriales del esquema montado desde hace demasiado tiempo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Estas no son meras suposiciones o especulaciones al azar, sino hechos que han sido comprobados a partir de denuncias públicas, y a partir de escándalos que involucran a ex presidentes del Jurado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano creado por la Constitución Nacional y refiere al enjuiciamiento y la remoción de magistrados. Determina que estos solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados, los cuales deberán ser abogados. Siendo tales sus competencias, han sido numerosos los abusos que se han cometido, manipulando resoluciones como eficaz herramienta para traficar intereses particulares, políticos y económicos. Tal es el poder que detentan los presidentes de esta instancia, que tres de ellos han protagonizado lamentables escándalos y fueron objeto de denuncias.
Uno de estos hechos fue conocido por la opinión pública mediante el escándalo de audios filtrados del JEM, los que comprometían al secretario general Jorge Fernández Lippmann y al ex senador colorado y ex presidente del JEM Óscar González Daher, en el que se reveló el esquema del tráfico de influencias. En uno de estos audios, se escucha una conversación de Raúl Fernández Lippman con la fiscala Karina Giménez, y en la charla se hace notorio cómo Giménez trata de mantener su cargo y en un momento dice que “trancaría” una causa de usurpación que investiga, en la que uno de los indagados era el hermano del senador González Daher, Ramón, si no fallan a su favor. También fueron difundidos audios de conversaciones para ayudar a los ex intendentes de Mariano Roque Alonso y Lambaré, Walberto Zárate y Roberto Cárdenas, respectivamente.
Cristian Kriskovich, quien también fuera presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue denunciado por presunto tráfico de influencias; presuntamente ejerció su autoridad para desestimar una causa cuando fue denunciado por una alumna por acoso sexual. Un tercer ex presidente del JEM, Jorge Bogarín, fue designado significativamente corrupto por la Embajada de los EEUU este año, junto al funcionario Vicente Ferreira, por supuesto tráfico de influencias. La acusación señaló que interfirió en procesos judiciales mientras trabajaba en el Poder Judicial. La Cámara de Diputados salvó a Bogarín de un juicio político.
Lamentablemente no son estos los únicos casos, se puede mencionar el de un fiscal apartado de su cargo, cuyo reclamo aguarda resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de ganar, nuevamente el Estado paraguayo deberá pagar millones de los impuestos de los contribuyentes por los errores y abusos de funcionarios públicos venales.
Para sostener nuestro sistema democrático y fortalecerlo es urgente combatir la impunidad con la que se reparten injusticias y arbitrariedades desde instancias con el JEM. Es inaceptable para nuestra democracia que se manipule el sistema para satisfacer intereses particulares. Como dijo Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad”. Eso es lo que está en juego, nada menos que nuestras libertades.