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Pedido de coima: Actuario judicial se abstiene de declarar

Víctor Marecos, presidente de la Asociación de Actuarios del Poder Judicial, se abstuvo de prestar declaración indagatoria este martes, por un supuesto pedido de coima de USD 30.000.

Marecos se encuentra imputado por supuesto tráfico de influencias, cohecho pasivo y tentativa de extorsión, luego de una investigación que realizó el Ministerio Público y que involucra a otro funcionario, identificado como Héctor Leguizamón López, quien se encuentra prófugo.

El actuario fue detenido en el Poder Judicial tras una investigación realizada por la fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El Ministerio Público pidió al Juzgado Penal de Garantías el arresto domiciliario del hombre, pero finalmente se decretó que guarde prisión preventiva por 20 días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

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Según los datos de la investigación, supuestamente, Héctor Leguizamón visitó en la penitenciaría de Tacumbú a un preso y en nombre de tres magistradas solicitó USD 30.000 para reducir una posible condena de 15 años. El caso también implicaría –presuntamente– a Víctor Marecos.

La fiscala que llevaba el caso del reo ya había solicitado la pena de cinco años por la tenencia sin autorización de sustancias prohibidas.

En consecuencia, el padre del hombre presentó una denuncia y, a pedido del Ministerio Público, accedió a llevar adelante las negociaciones con los funcionarios, a quienes incluso transfirió su camioneta, mientras conseguía el dinero que supuestamente se solicitó.

Otra supuesta coima. El pasado 5 de julio había saltado un caso similar, el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán resultó detenido luego de la denuncia de un pedido de USD 10.000, a nombre de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser y Óscar Bajac. Esto, para supuestamente resolver a favor de un empresario una demanda emprendida en contra del Estado.

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La demanda de la empresa Cal Agro SA a la Industria Nacional del Cemento (INC), por valor de G. 74.250 millones, había obtenido respuestas favorables en primera y segunda instancia, pero finalmente fue rechazada.

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