El 29 de diciembre del 2022 el Ministerio de Transporte de la República Argentina pone en marcha un peaje para el tramo Puerto de Santa Fe – Confluencia, de la Hidrovía Paraguay – Paraná, de dólares estadounidenses uno cuarenta y siete centavos (USD 1,47) por tonelada de registro neto (TRN) para el transporte internacional, y de pesos, uno cuarenta y siete centavos ($ 1,47) por tonelada de registro neto (TRN) para el transporte de cabotaje, que entró en vigencia y es exigible a partir del 1 de enero de 2023.
Tal como ya se han manifestado los distintos gremios productivos del país junto con la Cancillería Nacional en reiterados informes, notas, medios de prensa y en la misma audiencia pública convocada por las autoridades de la República Argentina, donde se muestra la total disconformidad de esta imposición debido a que no se utilizaron, por parte del Gobierno argentino, los mecanismos previstos en el Tratado de Libre Navegación de los ríos entre Argentina y Paraguay (1967), a los Art. 124 a 127 y concordantes de la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar (Convemar - 1982), al Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná (HPP, 1993) y otros convenios concordantes.
Sin lugar a dudas este denominado “peaje” por la navegación de embarcaciones en el tramo Santa Fe / Confluencia y viceversa, deviene injusto y atentatorio contra claros principios del derecho internacional sobre “La libre navegación de los ríos internacionales”.
Por lo tanto, es de suma importancia manifestar los reclamos a través de los canales correspondientes y los procesos de resolución de controversias existentes, y que el Gobierno utilice todas las herramientas necesarias para frenar esta abierta violación a los convenios, tratados y sobre todo a la tan anhelada y promocionada integración regional.
De ninguna manera nadie debería justificar la inacción por estar en un año electoral. Es el momento en que el actual Gobierno paraguayo tome “el toro por las astas”.
Finalmente, cabe mencionar que el impacto negativo que tiene este “peaje”, calculado en unos USD 30 a 40 millones al año, no afectaría solo a los armadores y a las navieras, sino que se trasladaría a los productores y al consumidor final, y de esta forma limitaría, sustancialmente, la competitividad del sector, la economía paraguaya y regional (Brasil, Bolivia y Uruguay). Por lo tanto, todos los paraguayos deberíamos exigir, a través de nuestras autoridades electas, el cumplimento de estos acuerdos en pos del bienestar de la ciudadanía.