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Paseros de Alto Paraná logran acuerdo con autoridades tras conflictos

Los pequeños importadores de Alto Paraná llegaron este jueves a un acuerdo con autoridades, con el objetivo de resolver los conflictos generados en la zona fronteriza, principalmente por la falta de autorización fitosanitaria de algunos productos y la retención de las mercaderías.

Los pequeños importadores, también conocidos como paseros, arribaron a un acuerdo con las principales autoridades involucradas en las autorizaciones de productos y el control de ingreso de las mercaderías al país, que apunta a la formalización del sector afectado, informó el corresponsal de la zona Wilson Ferreira.

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En ese sentido, las autoridades presentes, entre ellas el director de Aduanas, Julio Fernández; el titular del Senave, Rodrigo González; el viceministro de Mypimes del Ministerio de Industria y Comercio, Isaac Godoy, entre otros, se comprometieron a arbitrar los mecanismos de concesión de permisos fitosanitarios para los productos de autoconsumo y pequeñas importaciones, conocido como tráfico vecinal fronterizo.

Asimismo, convinieron destrabar la burocracia existente, con el objetivo de acelerar los trámites y que las gestiones de licencias previas, entre otras, puedan realizarse en la zona primaria del Puente de la Amistad.

Así también, se solicitó el relevamiento de los datos de ingresos de productos nacionales en el Departamento de Alto Paraná, con el fin de analizar si los mismos podrán abastecer el mercado en los principales distritos de cabecera.

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Entre otras cosas, acordaron la formalización y asesoramiento de los pequeños productores, para que ya no tengan problemas a la hora de ingresar sus productos al país, con la instalación de oficinas para dicho fin.

Contrabando

El director de Aduanas señaló que la reunión apunta a dar pasos concretos y avanzar, ya que buscarán generar un sistema mucho más sencillo para que los pequeños importadores puedan pasar sus productos en el Puente de la Amistad.

Sobre la crítica de que solo se persigue a los pequeños importadores, aseveró que existen multas por USD 1 millón a empresas conocidas y que hay un fuerte control.

De la misma manera, dijo que la operación Llamada demostró que USD 670 millones no se declararon en cuatro años, con USD 70 de cada USD 100 de contrabando en productos de electrónica e informática.

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“Tenemos serios problemas, hay un grupo de funcionarios que sí quiere trabajar, pero una gran cantidad que no. La Justicia tampoco nos apoya mucho; aunque hacemos sumarios y los enviamos a la Justicia, terminan sobreseídos”, reconoció.

De la reunión también participaron el presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Celso Miranda; el gobernador Roberto González Vaesken; el gerente general de la Industria Nacional del Cemento, Ernesto Benítez, y el diputado Ulises Quintana.

Una manifestación registrada este martes por comerciantes y paseros derivó en disturbios con la Policía Nacional y en la imputación de seis personas. Como medida, se dispuso elevar el costo de importación de USD 150 a USD 300.

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