Cuando estalla el escándalo, el ministro del Interior responde con un sonoro “kóre” al titular de Migraciones, cuyos funcionarios no tienen autoridad ni capacidad para frenar el ingreso de alguien sospechoso al país. El empleado de Migraciones, en cualquier país serio del mundo, tiene uniforme y porta armas. Cuando observa algo raro llama a sus compañeros, que escoltan al sospechoso a una dependencia interna, donde nunca nadie las pasa bien. He visto eso innumerables veces en EEUU y Europa. Aquí el gatekeeper (portero al país) tiene una computadora no conectada a la base de datos de Identificaciones y por tanto no puede saber que Ronaldinho no es paraguayo naturalizado, que probablemente su impresión digitopulgar no sea suya y el número ¡corresponda a una mujer!
El empleado del Aeropuerto lo deja salir porque le esperan niños que quieren saludar al astro. Lo escoltan con patrullera policial como a un jefe de Estado, a pedido de una empresa de la que no se conocen antecedentes. Finalmente, cuando estalla el escándalo y el ministro del Interior califica de tartufo a su subordinado de Migraciones, policías y empleados fiscales se retratan alegremente con el indiciado de violar el artículo 246 del Código Penal, que sanciona con prisión de hasta 5 años al que usare un documento no auténtico. Todo mal y esto es lo que se sabe. Lo que no, debe ser todavía más escandaloso.
Unos 500.000 brasileños viven dentro de los 50 kilómetros de la frontera de su país origen habiendo comprado propiedades prohibidas por ley. ¿Cuántos tienen documentos paraguayos? ¿Cómo lo consiguieron? ¿O cuántos posibles terroristas al servicio de grupos criminales accedieron a los mismos por los mismos procedimientos de Ronaldinho? Son las preguntas que nos hacemos los paraguayos y queremos respuestas más claras de las autoridades. No queremos una justificación como la que dio Euclides Acevedo luego de su primer paso como ministro de Industria de Lucho: “no tenemos Estado”. Si eso continúa así, pues debemos deshacernos de los 320.000 funcionarios que simulan algo que no son, pero que al año cuestan miles de millones de dólares en salarios.
El pasaporte a ser un país serio se consigue en este tipo de cosas. La imagen del país ha quedado severamente dañada y confirmó que la corrupción sigue gozando de muy buena salud, ¡tanto que se saca selfie (se autorretrata) con los procesados y se celebra! Por eso nos siguen usando y abusando con tanta facilidad. Los operadores de este escándalo deben ser sancionados de forma ejemplar, de lo contrario seguiremos simulando ser un Estado, pero en realidad: fallido.
