Editorial

Participación del vicepresidente en el Itaipugate debe aclararse

Tras el cierre de la posibilidad de un juicio político en Diputados gracias al pacto colorado, aparecen nuevas revelaciones que involucran aún más al vicepresidente Hugo Velázquez en un presunto negociado para intentar vender la energía de Itaipú que corresponde al Paraguay, en forma exclusiva, a una empresa brasileña supuestamente ligada a la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro. El caso, ya bautizado por la prensa brasileña como Itaipugate, también está teniendo repercusiones cada vez mayores en el vecino país y requiere ser investigado a fondo y aclarado por el Ministerio Público. Si el affaire se diluye sin mayores consecuencias en nombre de la “paz política”, será otro penoso capítulo de la impunidad.

La primera gran crisis política del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no acaba con el pacto colorado que el martes decidió sepultar, por ahora, la amenaza de un juicio político por voto mayoritario en la Cámara de Diputados, enviando el pedido de los legisladores de la oposición directamente al archivo.

Aunque el acuerdo entre los dos principales movimientos internos de la ANR, el oficialista Colorado Añetete y el hasta hace poco disidente Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, ha logrado apartar la espada de Damocles de una posible remoción que pendía sobre la cabeza de Marito y de su vice Hugo Velázquez, siguen apareciendo nuevos elementos que involucran aún más a referentes del Poder Ejecutivo, especialmente a Velázquez, en un presunto negociado que se intentaba hacer con la energía de Itaipú correspondiente el Paraguay.

El martes, en el mismo día en que la aplanadora colorada de la Cámara Baja decidía enterrar el pedido de juicio político y así salvar al presidente y su vice de un probable juicio, dos empresarios extranjeros, el argentino Diego Banfi y el uruguayo Nicolás Kac, prestaban declaraciones testificales ante el Ministerio Público. En la oportunidad, Kac reconoció que se llegó a reunir con el vicepresidente Hugo Velázquez y con el abogado José Rodríguez (Joselo), quien aparecía como presunto asesor jurídico y como representante de Velázquez. En dicha reunión también participaron directivos de la empresa brasileña Leros (la que supuestamente está vinculada a la familia Bolsonaro), para negociar la posible compra de energía de Itaipú que correspondía a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El empresario argentino Banfi, por su parte, admitió que también contactó con Joselo y luego, a través de él, con el vicepresidente Velázquez, para llevar adelante las mismas negociaciones.

A pesar de que Hugo Velázquez sigue negando que el abogado Joselo haya trabajado para él o para la Vicepresidencia, cada vez surgen más indicios que apuntan a que ambos presuntamente manejaban una operación paralela irregular o “ijyképe”, como la calificó el ex canciller Luis Castiglioni, ligado a la firma de la cuestionada acta bilateral con Brasil, que resultó desfavorable a los intereses del Paraguay y finalmente anulada.

A este cada vez más complejo panorama se deben agregar los nuevos datos que están siendo revelados por la prensa brasileña –que ya ha bautizado el caso con el nombre de Itaipugate–, revelando que el propietario de la empresa Leros, Kleber Ferreira, fue condenado por dos tribunales de San Pablo por no entregar la energía que le habían comprado sus clientes. También se supo en Brasil que los socios del Grupo Leros habían abierto una empresa offshore en Panamá y habían informado falsamente haber ganado una licitación de la ANDE para vender energía paraguaya en forma exclusiva al Brasil, algo que no sucedió.

Estos elementos no pueden pasarse por alto, por más que exista un acuerdo entre los colorados de impedir un juicio político. La estabilidad no se puede construir a base de impunidad. Si el affaire se diluye sin mayores consecuencias en nombre de la mentada “paz política”, será otro penoso caso que acabe en el oparei.

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