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Parlasurianos afirman que acuerdo de Itaipú afecta desarrollo energético

Miembros del Parlamento del Mercosur consideran que el acuerdo firmado entre Paraguay y Brasil por la contratación de potencia de Itaipú atenta contra el desarrollo energético paraguayo.

Los parlasurianos sostuvieron que el acuerdo que firmaron las cancillerías de Paraguay y Brasil violan la soberanía del país. Uno de ellos, Ricardo Canese, dijo que el acuerdo modifica el tratado de Itaipú a nivel Ejecutivo, lo cual no se puede hacer.

Estimó que la situación puede derivar en un tarifazo o en una “desinversión” de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ya que se debe pagar más por la energía de la binacional.

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En ese sentido, consideró que con este acuerdo firmado, Paraguay renuncia a 250 megavatios de margen y puede ocurrir que, con la venida de industrias al país, no se tenga la energía requerida para que funcionen. “Se van a tener que ir al Brasil”, sostuvo.

Los parlasurianos también entregaron un listado de documentos que Itaipú no entrega a la Contraloría General de la República (CGR) desde el Gobierno de Horacio Cartes. Canese recordó que, en el 2009, Paraguay consiguió que Brasil acepte la postura de auditar la deuda.

Posteriormente, salieron dos dictámenes donde se establece que no debería existir una deuda de USD 1.000 millones. Pero desde el 2013, según Contraloría, la binacional no entregó más textos oficiales, por lo que no hubo avances.

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Señaló que Paraguay, incluso, obvió esta cuestión al aceptar el acuerdo con el Brasil. En ese sentido, Canese cuestionó al presidente Mario Abdo Benítez.

El acuerdo firmado por los cancilleres de Paraguay y Brasil desencadenó la renuncia del entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, y del gerente técnico, Fabián Cáceres. Igualmente, le valió críticas desde distintos sectores al Poder Ejecutivo por el secretismo con que manejó esta negociación.

El acta bilateral guarda relación con la compra de potencia de la usina de Itaipú y, según las estimaciones técnicas, generará un sobrecosto de USD 250 millones a la ANDE.

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