Los senadores Miguel Ángel López Perito, Esperanza Martínez y Luis Alberto Wagner, además del diputado José Ledesma, verificaron in situ los hechos denunciados.
Según las denuncias recogidas por los parlamentarios, empleados de brasileños saquearon las casas de las familias campesinas, respaldados por los agentes fiscales intervinientes y efectivos de la Policía Nacional.
Los propios personales de los extranjeros procedieron a derribar las casas de los campesinos, con maquinarias de gran porte.
Cuando se desarrollaba el desalojo, los campesinos denunciaron que empleados de brasileños estaban cargando en un camión sus animales y pertenencias, por lo que la Policía procedió a incautar el vehículo. En su interior, efectivamente hallaron los animales y bienes materiales, hurtados durante el operativo. “Se agarró un camión con animales y electrodomésticos, y se les detuvo a dos personas que llevaban todo eso (...)”, contó el senador López Perito.
Los fiscales que estuvieron a cargo del operativo de desalojo son Alfredo Mieres, de Caaguazú, y Alfirio González, de Coronel Oviedo. La tarea policial, que movilizó a 1.200 agentes, estuvo encabezada por el comisario Luis Cantero.
López Perito indicó que la intervención no se realizó sobre 62 fincas como supuestamente dice la orden fiscal, sino sobre todas las propiedades de la zona.
En total, unas 250 familias campesinas fueron desalojadas de las tierras que serían del Indert. En el Congreso se estaba analizando la expropiación de las tierras en la zona.
