Política

Parientes y operadores del clan Rivas accedieron ilegalmente a viviendas

Funcionarios públicos no podían recibir casas de Senavitat, subsidiadas en un 95%, según la misma institución. Proyecto está destinado a personas de extrema pobreza. Podrían cancelar adjudicaciones.

A pesar de que al ser funcionarios públicos ya no pueden ser beneficiarios de este tipo de proyectos sociales, más de una decena de familiares y allegados al diputado Tomás Éver Rivas recibieron viviendas subsidiadas en un 95% por la Senavitat (hoy Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat -MUVH). Los cercanos al legislador cartista de Paraguarí son empleados estatales y además cuentan con salarios ampliamente superiores al mínimo.

A partir de las publicaciones de ÚH, el MUVH inició una investigación preliminar y ya advirtió que de comprobar las irregularidades, las adjudicaciones podrían ser canceladas. Se trata de subsidios destinados a personas de extrema pobreza.

Sin embargo, de 40 casas construidas, más de 10 fueron otorgadas a parientes y operadores políticos de Rivas y su esposa, María del Carmen Benítez Díaz, actual intendenta de Ybycuí. Las viviendas están ubicadas en esta ciudad, a metros de la residencia del diputado y la jefa municipal.

En ese sentido, el director jurídico del MUVH, Juan Vicente Talavera, fue determinante en señalar que los beneficiarios de este tipo de proyectos no pueden ser funcionarios públicos.

Este es el caso de varios allegados al clan Rivas, que ya eran empleados estatales en el 2015, según registros de la Secretaría de la Función Pública. La resolución por la cual fueron adjudicados con las viviendas es de diciembre de 2015.

DELITO. “Esta administración inició un proceso de auditoría en todos los sectores, administrativo, social, en todos los órdenes, entre los cuales estaban los casos que nosotros consideramos ya anticipadamente, aquellos que eventualmente tendrían algún grado de irregularidad. Entre ellos está este de Ybycuí”, indicó el abogado Talavera.

Al respecto, indicó que la investigación preliminar sobre el proyecto en cuestión, denominado Luna Park, empezó con la recolección de todos los documentos del proceso de adjudicación. Advirtió que de comprobarse que fueron beneficiadas personas que no reunían los requisitos, las adjudicaciones serán anuladas.

“Todos los pedidos están hechos bajo la fórmula de fe de juramento. Ese documento es un instrumento público, lo cual implica suponer que existe un hecho delictuoso, considerado producción de documento de contenido falso, lo cual implicaría la remisión de los antecedentes al Ministerio Público”, comentó.

Sobre el punto, advirtió que también se buscará identificar a los funcionarios de la entonces Senavitat que debieron haber verificado que los beneficiarios sean personas de pobreza extrema.

“Los funcionarios públicos no pueden ser beneficiados. La idea del proyecto es entregar viviendas a gente que no tengan capacidad económica, para personas de extrema pobreza”, manifestó y agregó que los beneficiarios no deberían poder reunir –siquiera con su cónyuge– un salario mínimo mensual. En el caso de los allegados de Rivas, todos cuentan con salarios públicos ampliamente superiores.

“Si corroboramos que los beneficiarios eran funcionarios públicos, no les correspondía, van a ser anuladas esas adjudicaciones. Para ser beneficiarios tienen que ser gente de necesidad absoluta. Hay otros tipos de proyectos, con menor subsidio, para personas como funcionarios públicos, con ese nivel económico”, recalcó Talavera y señaló que la investigación interna tardaría dos semanas en concluir.

ENTORNO. Entre los beneficiarios de las viviendas sociales en Ybycuí se encuentran la prima hermana del diputado, María Luisa Barriocanal Benítez; su cuñada, Sandra Hermelinda Benítez Díaz, y varios parientes políticos. Uno de los operadores políticos del clan Rivas que también recibió una casa es el funcionario municipal de Ybycuí Víctor Arellano Franco.

El proyecto fue iniciado en el 2015 y contempla la construcción de unas 40 casas con una superficie de 38 metros cuadrados.

La asistencia otorgada por la anterior administración de la Senavitat contempló la compra del terreno y la construcción de las viviendas. En total, el costo fue de G. 2.705.441.754, y de esto lo subsidiado por el Estado fue G. 2.570.169.666.

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